El expresidente del Club de Pescadores Deportivos de Valencia se enfrenta a una posible pena de cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, según la petición del Ministerio Fiscal. La fiscalía considera que F. C. L. se apoderó presuntamente de un total de 24.822 euros de la caja del club y de talones expedidos al portador desde el año 2001 hasta el 2009.
El juicio por estos hechos comenzó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. El acusado negó haberse quedado con dinero del club y explicó que las únicas cantidades de las que dispuso para su propio beneficio eran en concepto de «compensación por detracción salarial», por el importe que le quitaban de la nómina de su trabajo debido a las horas que le dedicaba al citado club, y como «gastos de representación».
Asimismo relató que cuando surgía cualquier gasto se lo comunicaba a la secretaria y ésta le daba un volante, a la vez que él también aportaba el tiquet o justificante. «Es posible que haya perdido algún justificante durante los doce años que he estado como presidente», admitió.
Del mismo modo insistió en que todo el dinero que llegaba de las subvenciones, tanto del Consell Valencià de l'Esport como del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación, era posteriormente debidamente justificado en los gastos. «Se justificaron en su día, si luego desaparecieron eso es lo que me gustaría saber», apuntó.
Según la fiscalía, el acusado «con evidente ánimo de lucro» optó por prescindir de la figura del tesorero en el año 2005. No obstante, el expresidente aclaró que fue el tesorero el que dimitió y que en todo caso nunca se quedaron sin dicha figura, ya que se elegía a un tesorero en funciones, quien debía también firmar los gastos.
Además, el acusado trató de eludir su responsabilidad alegando que el control del dinero de la caja lo tenía la secretaria, con quien la relación no era precisamente buena. «Le llamé la atención varias veces por irse a comprar en horas de trabajo», apuntó.
Tuvieron que vender la sede
Pese a sus argumentaciones la fiscalía y la acusación particular consideran que fue clave el nombramiento del nuevo tesorero en 2009, quien se percató del agujero en la contabilidad del Club de Pescadores Deportivos de Valencia, y que fruto de ello el ahora acusado presentó su dimisión en enero de 2010. La situación económica era tan deficitaria que incluso tuvieron que vender la sede social situada en la calle Poeta Alberola de Valencia.
