El gobierno municipal de Rita Barberá ha cumplido sus advertencias y está agilizando los derribos en el área declarada conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal sin esperar el informe sobre posible expolio del Ministerio de Cultura exigido por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Los operarios de Aumsa trabajaban ayer en el derribo interior del inmueble ubicado en el número 198 de la calle José Benlliure. Vecinos del entorno denunciaron que los encargados de la demolición estaban sacando del interior valiosos azulejos modernistas sin el más mínimo cuidado. "Aunque hayan descatalogado el edificio, los azulejos son valiosos y deberían llevarse a un museo", destacó Maota Soldevilla, Profesora de la Escuela de Artes y Oficios y vecina del barrio. Esta vivienda fue una de las diez que la plataforma contraria a la prolongación Salvem el Cabanyal ya logró salvar de las máquinas vía judicial en 2005.

Fuentes de Salvem el Cabanyal advirtieron ayer de que el Ayuntamiento de Valencia está "pervirtiendo" la decisión del Tribunal Supremo,"actuando de forma irresponsable y buscando la destrucción con el único objetivo de crear solares vacíos en el barrio". En esta ocasión, añadió un portavoz del colectivo lo están haciendo "con el agravante de que hay pendiente una resolución del Ministerio de Cultural por un posible expolio sobre el patrimonio histórico". Salvem recuerda que el Supremo ha apuntado hacia esa posibilidad y "el ayuntamiento como administración debería guiarse por el principio de prudencia y no por la temeridad". El consistorio ya tuvo que reponer y reconstruir en agosto de 2005 por orden judicial los edificios derribados parcialmente en el corazón del área declarada Bien de Interés Cultural.

Salvem el Cabanyal no solicitará de nuevo la paralización de los derribos en los tribunales hasta que no haya un pronunciamiento en sentido contrario a la prolongación de Blasco Ibáñez del Ministerio de Cultura.

Consideran, con todo, que las demoliciones no se ajustan a la ley de Patrimonio Histórico porque se incumple el principio de "edificación sustitutoria" por el cual y con el fin de evitar la degradación urbanística no se pueden autorizar derribos entretanto no se haya aprobado un proyecto de urbanización.