PACO VAREA VALENCIA
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La polémica sobre el plan del Cabanyal y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, lejos de resolverse con la orden de suspensión del Ministerio de Cultura por considerar la existencia de expolio, se enquista y tanto una parte como otra, vecinos y oposición por un lado, y el ayuntamiento y la Generalitat por otro, se enzarzaron ayer en un cruce de manifestaciones.
La principal novedad la aportó el Consell de la mano de su portavoz, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, quien anunció en el ayuntamiento en presencia de la alcaldesa, Rita Barberá, que el Consell "si llegara el caso, y fallaran los recursos, garantiza la modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal-Canyamelar para ejecutar el plan", y agregó: "me han apuntado esta posibilidad. Se puede revisar la normativa. Se hará todo lo necesario para hacer el plan que tanto esfuerzo ha costado".
Con este anuncio la Generalitat y el consistorio indican al Ministerio de Cultura que en esa nueva situación no podría pronunciarse, como ahora lo ha hecho, sobre si hay expolio en un bien protegido. Es lo que en algunos círculos del PP se comentaba hace tiempo. Que antes de aprobarse el plan del Cabanyal se debería haber aprobado la desprotección y declarar otra nueva. "Si se hubiera hecho, otro gallo nos cantaría", comentaban ayer. El Ministerio tiene la competencia de declarar si hay o no expolio, pero la Generalitat ostenta la de los ámbitos de protección BIC. Si éste cambia, el Ministerio tiene las manos atadas.
El Consell y el Ayuntamiento de Valencia escenificaron ayer la unidad de ambas administraciones, gobernadas por el PP, en lo relativo al Cabanyal y la prolongación de Blasco Ibáñez. La alcaldesa Barberá comentó que ayer había hablado en dos ocasiones con el presidente Camps y que una de sus primeras respuestas fue enviar a su portavoz.
La modificación del BIC del Cabanyal-Canyamelar no ha sido el único anuncio que efectuaron los dos gobiernos del PP después de hacer público el pasado lunes el Ministerio, a través de una nota de prensa, su decisión de parar el plan. Lo que se desconoce por completo es el texto y el plazo de la orden.
Barberá y Sánchez de León negaron la existencia de expolio y anunciaron la puesta en marcha de dos actuaciones legales. Una se interpondrá ante la Audiencia Nacional para recurrir la orden de paralización dictada por el Ministerio de Cultura. Las administraciones bajo el signo del PP aportaran las sentencias judiciales que, en su opinión, vulnera la orden ministerial. La otra vía será ante el Tribunal Supremo, un incidente de ejecución de la sentencia de mayo de 2009 al estimar que el Gobierno se ha excedido en lo solicitado desde el Supremo, que era informar sobre si a su juicio el plan incurría en expolio. Barberá mantiene que el Supremo pedía al Gobierno que argumentara la negación de expolio que ya se tramitó en época de Aznar. "Lo que han hecho ahora es una nueva valoración y deberían haber argumentado la negativa", dijo Barberá.
También se plantean presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional contra el Ministerio de Cultura porque es la Generalitat, según el Estatut, la que las tiene en materia de protección del patrimonio. La consellera solicitó ayer una reunión con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por considerar que existe una invasión de competencias.
Otra iniciativa que estudiarán los servicios jurídicos del ayuntamiento, según dijo Barberá, "es si se pueden reclamar daños y perjuicios contra el director general firmante de la resolución y probablemente a la ministra y hasta al presidente por los daños a los ciudadanos".
El conseller y portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, calificó la orden de Cultura de "ataque. Es un asalto a la voluntad democrática de la mayoría del barrio valenciano que cada vez veía más cerca la realidad de ver la ciudad abierta al mar. Después de la ocurrencia de los chiringuitos nos sorprenden con la suspensión del plan del Cabanyal.
Por su parte, Salvem el Cabanyal, consideró ayer "un despropósito que la Generalitat plantee la posibilidad de modificar el BIC. Para conseguir sus fines son capaces de retroceder y de descalificar la zona BIC para hacer la prolongación".
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