El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley del Consell que ampara el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (Pepri), lo que supone de forma automática la paralización de los derribos, una medida que habrá de ser ratificada o levantada en el plazo máximo de cinco meses. Esta decisión se produce apenas una semana después de los graves disturbios ocurridos en el barrio cuando el Ayuntamiento de Valencia, amparado por la ley ahora paralizada, ejecutó cinco derribos y desencadenó las protestas de los vecinos.
El recurso del Gobierno se dirigía expresamente contra los artículos 1, 2 y 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley de la Generalitat de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia. Estos artículos dicen básicamente que el Pepri "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad".
El Gobierno entiende, sin embargo, que la ley "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico, que corresponden al Estado".
Artículo 161.2 de la Constitución
Ayer, el pleno del Constitucional admitió el recurso del Gobierno y dio, además, por invocado el artículo 161.2 de la Constitución Española, que permite al Gobierno impugnar decisiones tomadas por las comunidades autónomas y produce "la suspensión de la disposición o resolución recurrida", con la advertencia, eso si, de que "el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
Específicamente, el Constitucional dice que la ley, y por consiguiente los derribos, quedan paralizados para las partes (Gobierno y Generalitat) desde el día de la presentación del recurso, el pasado 9 de abril; y para terceros, entre los que estaría el Ayuntamiento, desde la publicación de esta providencia en el Boletín Oficial del Estado.
El Alto Tribunal sugiere por último la posibilidad de acumular este recurso al que ya se presentó contra el primer decreto del Consell en este mismo sentido. Las partes tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones a la decisión del TC.
Grau bloquea todas las obras en el barrio y culpa a «la descabellada orden de Cultura»
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, anunció ayer que la paralización del plan especial de reforma (Pepri) del Cabanyal dictaminada por el Tribunal Constitucional se hará extensiva a todas las licencias de obras y rehabilitaciones en marcha en el barrio, incluida la restauración del Casinet.
El equipo de gobierno de Rita Barberá aplica así a rajatabla la orden del Ministerio de Cultura del pasado mes de diciembre que suspendía los actuaciones del plan especial en el conjunto histórico, algo que hasta ahora se había negado a hacer alegando que la orden sólo afectaba al ámbito del Bien de Interés Cultural.
El teniente de alcalde extiende así sobre todo el barrio del Cabanyal la paralización que en teoría sólo pesa para impedir la destrucción de inmuebles protegidos y responsabiliza de esta situación al Gobierno, al que culpa del bloqueo total de las actuaciones en el barrio.
«Los valencianos han de saber que esta paralización, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura, implica que prácticamente en todo el Cabanyal-Canyamelar no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie». «Los responsables de todo —remachó Grau— son los socialistas y los grupos radicales a los que apoyan». Este acatamiento «por exceso» de la orden de frenar los derribos fue decidido ayer por el equipo de gobierno de Barberá, que el día anterior había confirmado públicamente que preparaba otras 19 demoliciones en zona no protegida.
La segunda suspensión cautelar de los derribos por el Constitucional es consecuencia del recurso del Gobierno contra la ley del Consell que ampara el plan.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, destacó que es segunda vez el Constitucional «desautoriza» al Consell y al ayuntamiento. Para Peralta, que en los últimos días se ha enfrentado a peticiones de cese por las cargas policiales contra los vecinos que intentaron parar las últimas demoliciones, aseguró ayer que «cualquier actuación de derribo queda sin fundamento legal».
Para la portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Carmen Alborch, la decisión judicial «abre un nuevo periodo de esperanza para quienes defendemos la recuperación del barrio con rehabilitación y sin derribos». En este sentido, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, instó a Barberá y a Camps a buscar «otra salida» para el barrio de pescadores.
La coordinadora del PP de la C. Valenciana, María José Catalá, en línea con Alfonso Grau, acusó al Gobierno de «frenar» a la Comunitat Valenciana y de «utilizar las herramientas del Estado para fines partidistas».
