El Ministerio de Cultura no se plantea retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Generalitat Valenciana que avala la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez en el Cabanyal. No responderá, pues, a la petición realizada el lunes por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, después de ganar de nuevo con mayoría absoluta en la ciudad y también en el Cabanyal, un éxito que, en su opinión, legitima su proyecto frente a la paralización impuesta por el Gobierno. El origen de este conflicto está en la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre un posible expolio en la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal, cuya trama urbana está declarada Bien de Interés Cultural.
Respondiendo a esa petición, el ministerio emitió una orden que constataba el expolio y paralizaba el proyecto, pero acto seguido la Generalitat Valenciana aprobó primero un decreto y luego una Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia que avalaba particularmente la prolongación de Blasco Ibáñez.
Había que resolver, por tanto, si prevalecía la orden ministerial o la ley autonómica, así que el Gobierno decidió plantear este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional defendiendo que la ley de la Generalitat "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado".
Ahora ese recurso está por resolver y entre tanto sigue vigente la orden de paralización del Ministerio de Cultura, que el Ayuntamiento hace extensible a todas y cada una de las licencias menores que se solicitan en el barrio.
Ha sido tras las elecciones cuando se ha reavivado de nuevo el conflicto. Argumentando la mayoría absoluta conseguida en Valencia y en el Cabanyal, Rita Barberá ha pedido al Gobierno que retire ese recurso y permita continuar con sus planes, avalado, a su juicio, por los votantes, incluso los directamente afectados, afirma. Pero el Gobierno no se plantea ningún cambio. Fuentes oficiales aseguran que el proceso seguirá su cauce normal y se abstiene de hacer ningún comentario sobre la petición de la alcaldesa.
Hablan los vecinos
Sí lo hizo la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, que aseguró que "los resultados electorales no pueden suponer ni la exculpación de los delitos que se hayan cometido por aquellos que hayan ganado las elecciones, ni el permiso para que se cometan nuevos delitos, aunque la intención de cometerlos vaya implícita en su programa electoral".
"El expolio es un delito que viene recogido en la Ley de Patrimonio Histórico Español", dice la asociación, que recuerda que "la Constitución Española, en su artículo 149.1.2.28 establece como competencia exclusiva del Estado la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación".
Con todo, la Asociación de Vecinos ha pedido a Rita Barberá que "serene sus ánimos" respecto a este barrio y que "en tanto están pendientes resoluciones importantes de los tribunales, se comprometa a poner en marcha de forma inmediata las medidas que estén a su alcance para mejorar la situación actual" de esta zona de la capital.
Entre estas medidas estarían la concesión de licencias en el barrio, cuyo bloqueo perjudica la economía, y el aprovechamiento de las subvenciones del Gobierno para la rehabilitación.
"Sólo mezclan poderes los dictadores"
La coalición Compromís ha exigido "firmeza" en la defensa del Cabanyal y ha criticado la "obsesión" de la alcaldesa "para consumar la destrucción" de este barrio. Sobre los resultados electorales, la coalición indica que los populares han perdido 1.169 votos en el Marítimo y que "Barberá es un valor político en descenso" que "si cotizara en la Bolsa sería un valor en rojo intenso, no por el vestido sino por las pérdidas". Por otro lado, Compromís censura "la confusión de poderes de que hace gala la alcaldesa" y asegura que sólo intentan mezclar el poder judicial y el poder político "los regímenes autocráticos y dictatoriales". Por su lado, el coordinador de EU en Valencia, Amadeu Sanchis, ha recordado que el caso del Cabanyal está en los tribunales y ha pedido que no se tome ninguna decisión que influya en la resolución judicial. Asimismo, ha pedido a la próxima corporación un plan de rehabilitación del Cabanyal y de la fachada litoral. Una acción de estas características crearía puestos de trabajo en plena crisis.
