El juez que instruye el caso del agujero de 17 millones de euros en la empresa pública Emarsa ha imputado a cuatro personas más para que aclaren el pago de más de 4,2 millones por obras y mantenimiento en la depuradora de Pinedo, según un auto del Juzgado número 15 de Valencia fechado ayer al que ha tenido acceso este periódico. Según explica, "existen indicios racionales de que las personas vinculadas a Construcciones y Reformas Rocafort y Mantenimientos Valmasark han actuado coordinadamente con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la facturación a Emarsa, de manera continuada, durante años, de múltiples trabajos no realizados en la EDAR de Pinedo".
El juez añade en el auto que todas estas facturaciones, en las que habían servicios no prestados y suministros de material inexistentes, se habrían producido "sin que por la gerencia de la empresa se opusiera reparo alguno al pago de las numerosísimas facturas confeccionadas, por causas aún no debidamente aclaradas".
En esta rama sobre la investigación al saqueo de la depuradora de Pinedo el juez ya tiene imputados a los hermanos María Paz y Víctor Manuel García Martínez, propietarios de ambas constructoras y al exgerente de la depuradora de Pinedo, Esteban Cuesta. Desde ayer también requerirá y citará como imputados a Javier García Martínez, administrador de Construcciones Rocafort y a Emil Estoyanov, oficial de primera y quien firmaba los albaranes. El magistrado pide también investigar a dos personas que firmaron los contratos de Emarsa con Construcciones Rocafort, José Carlos Millán y Juan Manuel Martínez Ortiz.
En el auto también se insta a investigar a las dos empresas que compitieron en el procedimiento negociado de adjudicación del mantenimiento de Emarsa a la empresa Construcciones Rocafort. En este caso se trata de Valseve SL y Promociones Inarejos Salvador SL.
Sobre estas dos empresas y su relación con Emarsa el magistrado advierte "serias irregularidades" en su contratación y en cuanto a la confección de los presupuestos de obras por parte de María Paz García Martínez que, según el juez, "refiere ser administrativa y que, sin visitar el lugar en que se debían hacer las obras y sin contar con la menor ayuda profesional cualificado realizaba los presupuestos, por cuantiosas sumas, que firmaba la gerencia".
