La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer que el ayuntamiento recurrirá la decisión del Tribunal Supremo. "Sabíamos que se iba a inadmitir y ya tenemos el recurso preparado", dijo Barberá, quien añadió que "la tardanza en tomar esta decisión demuestra la lucha interna importante que hay".

La alcaldesa se mostró, además, convencida de que el plan del Cabanyal saldrá adelante con un nuevo Gobierno del PP. En su opinión, "no tiene nada que ver que una ministra haya podido cometer un delito con que se restablezcan las competencias donde tienen que estar, que es en las administraciones territoriales". Y el día de su proclamación como candidata, dijo, "Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal insistieron en resituar las competencias donde corresponde".

Menos ambiciosa se mostró ayer la Generalitat Valenciana, que dijo acatar la sentencia sin plantearse, "de momento", ninguna otra acción. Y el Ministerio de Cultura, la otra parte del conflicto y ganadora de este primer asalto, dijo que la única intención ha sido "la defensa" de los ciudadanos.

El debate más intenso vino de parte de la oposición. El portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, cree que es "una nueva oportunidad para el diálogo" y un "varapalo" para la "política de enfrentamiento". A su juicio, esta decisión del Supremo es "la constatación del fracaso de una política que está fundamentada en la soberbia y la intransigencia de Rita Barberá".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís, Joan Ribó, animó a la alcaldesa a preguntarse en público "por qué no gana ni un pleito en El Cabanyal", mientras que Amadeu Sanchis, de Esquerra Unida, opina que la única salida al barrio es la rehabilitación y no la prolongación.

La delegada del Gobierno, Ana Botella, ha asegurado, finalmente, que este fallo demuestra "la política del despropósito" en que está la administración valenciana, sin olvidar el coste económico del proceso.