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Caso Emarsa

El ´detective´ de Emarsa trabajó durante 9 años a sueldo de la depuradora

Senent y García Besó crearon un puesto de "encargado de seguridad" para la planta en 2001 - Su sueldo rondaba los 60.000 euros anuales

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SERGI PITARCH VALENCIA La depuradora de Pinedo contó con un "encargado de seguridad" para la vigilancia de la planta durante nueve años, según las diferentes referencias de puestos de trabajo de Emarsa consultadas por este periódico. Esta persona, como explicó Juan Carlos Gimeno en la entrevista concedida a Levante-EMV y confirmaron ayer extrabajadores de la planta, aseguraba que era "detective privado". Su sueldo en la extinta empresa pública rondaba los 60.000 euros al año y acabó realizando tareas en seguridad laboral pese a no tener formación, según las mismas fuentes.

Antonio G. entró a trabajar en Emarsa para la depuradora de Pinedo el 19 de febrero de 2001, cuando el concejal del Ayuntamiento de Valencia Silvestre Senent era presidente de la empresa pública y el fallecido Miguel García Besó ejercía como gerente. El puesto fue creado para que el hombre entrara en Emarsa ya que anteriormente la planta nunca había tenido un responsable de seguridad. Tuvo primero un contrato temporal de tres meses y en mayo de 2001 pasó a ser personal fijo de la plantilla hasta que en 2008 dejó de trabajar al cumplir los 65 años y pasar a cobrar la jubilación.  Cabe recordar que en Emarsa no se podía trabajar más allá de esta edad.

El "detective" había prestado servicios anteriormente como vigilante en el extinto Consell Metropolità de l'Horta cuando lo presidía el socialista Antonio Cubillo. Tras unos años sin conocerse su profesión, Senent y García Besó lo incorporan a la plantilla de Emarsa, una empresa de gestión de lodos, para llevar la seguridad.
Según un extrabajador de la depuradora que no quiere identificar, la fama como detective "se la puso él mismo". "Se relacionaba con policías y guardia civiles, a los que traía a la planta, y tenía un artilugio con el que estaba conectado a la radio de la policía", aseguró. "Le gustaban mucho los aparatos electrónicos", dijo. El exedil y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno fue mucho más duro en su explicación de las funciones del "detective" en la planta. "Ponía micros y hacía seguimientos a gente de la depuradora. Éste llegó a grabar conversaciones", denunció.  El "encargado de seguridad", que controlaba también las entradas y salidas a la planta, pasó con el tiempo a trabajar en seguridad laboral. "No tenía ninguna experiencia en este cometido", dijo Gimeno. Otro trabajador afirmó que era quien les decía que utilizaran botas de protección y otros elementos para evitar accidentes en el trabajo.

Hacienda se persona
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que instruye el caso Emarsa hizo público ayer mediante una providencia que la Agencia Tributaria ha aceptado personarse en la cause por los delitos contra Hacienda. Como publicó ayer este periódico, la Agencia Tributaria ya ha puesto una multa de 500.000 euros a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) por el fraude de la extinta empresa pública. La Emshi se enfrenta a una sanción que podría llegar a los 17 millones de euros. El Abogado del Estado Javier Gómez-Ferrer Senent ejercerá la defensa de los intereses públicos en el proceso.

Por otra parte, dos de los nuevos imputados han recurrido a abogados de oficio que les ha proporcionado el Colegio de Abogados de Valencia. Se trata de Emyl Stoyanov Georgiev y de José Carlos Millán Martínez. Stoyanov era uno de los obreros que trabajaba en el mantenimiento de la empresa. El juez acusa a la empresa que lo contrató de haber hinchado facturas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Manises, Juan Carlos Santiago, exigió ayer al alcalde de la localidad e imputado en el escándalo, Enrique Crespo, que "deje de utilizar de forma inmediata los recursos públicos del municipio para defenderse de las gravísimas acusaciones de corrupción que afectan a su gestión en la Emshi y Emarsa". "Los vecinos de Manises ya padecemos bastante vergüenza por lo que estamos conociendo de nuestro alcalde cada día como para encima tener que pagarle con nuestros impuestos su defensa y sus mentiras en la prensa. Que se lo pague de su bolsillo", añadió el representante del PSPV en un comunicado.

EU también pide que Barberá comparezca
La síndica del grupo parlamentario de EUPV en las Corts Valencianes, Marga Sanz, anunció ayer que pedirá la comparecencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la comisión de investigación sobre la empresa pública Emarsa, como ya hiciera el PSPV hace dos demanas. Sanz criticó la "total pasividad" del PP valenciano ante las declaraciones del exconcejal, ex diputado provincial y extrabajador de Emarsa, Juan Carlos Gimeno.

Para la diputada de EUPV, las declaraciones de Gimeno "muestran la necesidad" de que Barberá "comparezca ante la comisión de investigación de las Corts sobre el saqueo a Emarsa", afirmó. Además, señaló que "el hecho de que Emarsa tuviera en nómina a un detective, sugiere que se realizaban tareas de espionaje". En su opinión, "resulta del todo inaceptable que una empresa pública tuviera un detective privado en nómina".

Denuncian a Barberá por "calumnias"
El funcionario de la Generalitat y miembro de la Junta de Personal de esta administración Alfonso Puncel presentó ayer una denuncia por injurias y calumnias contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, después de que la primera edil manifestara el pasado viernes en rueda de prensa que "todos los políticos y funcionarios reciben regalos en Navidad". Así lo recoge el escrito presentado en el juzgado por este empleado público, que asegura sentirse "directamente calumniado e injuriado" por esas declaraciones dada su condición de funcionario.
Puncel sostiene que la ley establece que la persona que injurie debe "demostrar la verdad de las imputaciones" y que, por tanto, Rita Barberá tendrá que probar que él "ha recibido en Navidad, y por extensión en cualquier momento desde que es empleado público, regalo de empresa o de cualquier otra persona en su condición de funcionario". Puncel incide en la mayor gravedad de esas "acusaciones" dado que Barberá "es responsable última del personal de la administración local a quienes incluye en sus declaraciones" y "debería defender la dignidad de sus trabajdores". ep valencia

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