La posible retirada de los coches oficiales y los escoltas a los concejales del equipo de Gobierno apenas supondrá un ahorro para las arcas municipales, según señalaron ayer fuentes de la Concejalía de Hacienda, que entienden la medida más bien como un símbolo de austeridad y de ejemplo ante la ciudadanía en tiempos de recortes para todos.
Todo parece indicar „el lunes empieza el nuevo curso político„ que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se planteará este mes de septiembre la posible retirada de los escoltas y los coches oficiales, una medida que ya tomaron por iniciativa propia los 13 concejales de la oposición. La presión externa parece ser un elemento y la imagen de austeridad que se quiere dar ante los ciudadanos el argumento definitivo. Y es que económicamente la medida no supone un gran ahorro económico.
Teniendo en cuenta que de los 36 coches oficiales ya se han retirado los trece de la oposición y que los 23 restantes están siendo ya sustituidos por vehículos de gama más baja, acabar con este sistema y crear una imprescindible flota de coches de alta gama para representación de toda la corporación resultaría igual de gravoso, dijeron las fuentes.
Tampoco el coste de los escoltas es especialmente importante, precisaron, pues cada uno de los aproximadamente cuarenta policías locales que hacen estas labores cobra un plus de 400 euros al mes sobre su sueldo normal. Su eliminación obligaría, por contra, a poner permanentemente servicios especiales cuyas horas extras podrían superar ese gasto.
EUPV: «imagen irresponsable»
Ayer, la concejal del grupo municipal de Esquerra Unida Rosa Albert volvió a exigir al equipo de Gobierno la eliminación del privilegio que supone mantener los coches oficiales y la escolta «en un momento en el que casi la totalidad de los cargos públicos del conjunto del Estado han renunciado a mantenerla».
Precisamente, Albert cree que «el hecho de que Valencia siga haciendo uso de los mismos supone trasladar a la ciudadanía una imagen totalmente irresponsable. Para Esquerra Unida «no nos encontramos ante una cuestión únicamente económica, sino más bien de responsabilidad, de credibilidad y de garantizar un uso correcto de los recursos municipales», insistió.
