El Ayuntamiento de Valencia y los propietarios de un edificio ruinoso del barrio del Carmen mantienen un pulso desde hace 24 años por el destino del inmueble, situado en el número 21 de la calle San Ramón. El ayuntamiento intenta que los dueños rehabiliten el edificio mientras los propietarios estarían buscando una declaración de ruina que permita derribar la finca y hacer una nueva. Se trata de un caso extremo -por lo que se ha alargado en el tiempo- del proceso de degradación del patrimonio protegido en Ciutat Vella, donde existen alrededor de 300 edificios vacíos o con baja ocupación y donde la presencia de andamios y mallas de protección es cada vez más frencuente.

El Ayuntamiento de Valencia dispone desde 1997 del Registro Municipal de Solares, un instrumento de gestión urbanística cuyo objetivo es evitar que los propietarios retengan edificios o solares vacíos y hagan dejación de su obligación rehabilitar y mantener en condiciones los inmuebles.

Sin embargo, la lentitud con la que el ayuntamiento tramita los procesos para incluir las casas en el registro deja en entredicho su eficacia. La inclusión en el registro de una propiedad conlleva la obligacion del ayuntamiento de expropiarlo y destinar el suelo a vivienda pública, lo que teniendo en cuenta la cantidad de edificios en situación ruinosa sólo en Ciutat Vella supondría un importante quebranto para las arcas municipales. La Concejalía de Urbanismo, por su parte, atribuye el bajo número de edificios incluidos en el registro porque la propiedad se aviene normalmente a ejecutar las medidas de mantenimiento de los edificios que ordena el consistorio antes de meterlos en el registro.

Sin embargo, en la calle San Ramón el pulso entre ayuntamiento y propiedad lleva camino de batir un récord. La orden de ejecución de medidas, previa al proceso de inclusión en el registro de solares, se ha demorado 24 años tras solicitar la propiedad la inspección de los técnicos municipales en 1989.

El Servicio de Disciplina Urbanística acaba de requerir a la propiedad para que subsane los problemas estructurales del edificio que, tal como ha comprobado este diario, se encuentra prácticamente abandonado. Si la propiedad no cumple los requerimientos se impondrán multas coercitivas y transcurrido un año se debería incluir el edificio en el registro de solares.

Los 24 años de burocracia del expediente de San Ramón 21 se resumen en cuatro inspecciones de la Oficina Técnica de Edificios Ruinosos (1990, 1994, 2003 y 2010) con el correspondiente informe del arquitecto y requerimiento a la propiedad para que acometiese las medidas de reparación necesarias. En la última inspección se advierte de que las patologías "se agudizan por el transcurso del tiempo". Tres años después, el ayuntamiento da el ultimatum y advierte de que el edificio se incluirá en el registro de solares si en un año no se acometen las obras.