El ayuntamiento prepara el derribo de 30 edificaciones ilegales en la ciudad

La obra clandestina más común es cubrir la terraza para ampliarse la casa y hay casos desde Conde Salvatierra a la avenida del Puerto

01.10.2013 | 09:08

El Ayuntamiento de Valencia, en concreto, el Servicio de Procedimiento Sancionador, tiene en el punto de mira una treintena de obras ilegales en viviendas de la ciudad. Se trata de construcciones que o bien no tienen licencia municipal o bien exceden los términos de la misma. La más común, según explican fuentes municipales, es cubrirse la terraza o la azotea para ampliarse el salón y ganar metros útiles donde no los había. Los casos se registran en toda la ciudad, desde el centro histórico y zonas exclusivas como la calle Conde Salvatierra hasta la avenida del Puerto o la de Pérez Galdós.

Hasta hace unos años, el Ayuntamiento de Valencia había aplicado una política de cierta permisividad con las obras ilegales. De hecho nunca se ha llevado a cabo en la ciudad ninguna ejecución subsidiaria de un derribo para reponer la legalidad urbanística. Algo que el propio ayuntamiento justifica por el farragoso procedimiento legal que hay que llevar a cabo y que requiere de una orden judicial para poder entrar en la propiedad privada para proceder al derribo.

La situación, sin embargo, parece que está cambiando y el gobierno de Rita Barberá, en concreto, el concejal de Coordinación Jurídica, Ordenanzas, Licencias e Inspección, Félix Crespo, quiere poner mano dura en el urbanismo. El ayuntamiento tiene en estos momentos 30 expedientes de reposición de legalidad urbanística abiertos. Son obras sin posibilidad de legalizar y «estamos a punto de pedir al juez la autorización para el derribo», explicó Félix Crespo a este diario.

Sólo una mínima parte de las denuncias por obras ilegales acaba en una orden de derribo. En ocasiones las construcciones son legalizables porque se trata de estructuras efímeras como el «pladur» pero cuando hay obra dura «hay que derribar», apunta el concejal.
Antes de llegar al derribo subsidiario, el ayuntamiento puede imponer hasta diez multas coercitivas al infractor para que se avenga y reponga la legalidad. La cuantía de las multas equivale al 10% del coste que tendría, según la valoración del ayuntamiento, devolver la construcción a su estado anterior. Muchos, sin embargo, prefieren pagar las multas y probar suerte a ver si la infracción urbanística caduca.

Una actitud animada por la permisividad que ha existido durante muchos años y que el actual concejal de Coordinación Jurídica quiere cambiar. Así asegura que ha dado orden de que los expedientes por infracciones urbanísticas no se duerman en los cajones y se «lleven al día». Con todo puede haber expedientes del año 2006 porque los infractores recurren hasta la última instancia judicial para no tener que derribar.

Un caso paradigmático en este sentido es el de la urbanización de la «Penyeta», junto a la duna protegida del Perellonet. Se trata de un grupo de viviendas adosadas cuyas terrazas invaden un vial de emergencia. Los propietarios, que disfrutan de sus terrazas ilegales desde hace más de 14 años, se han llamado a andanas ante las multas coercitivas —quizás porque sólo ascendían a cien euros— que les ha impuesto el ayuntamiento y ante las sentencias en contra de la obra. Está por ver si finalmente, el consistorio ejecutará el derribo subsidiario.

El ático de Calatrava
No menos llamativo fue el caso del ático sin licencia que el arquitecto Santiago Calatrava se construyó en la plaza de la Virgen. El ayuntamiento en este caso no tocó bola porque la edificación, totalmente ilegal por ser un entorno BIC, recibió el visto bueno del entonces director general de Patrimonio, Manuel Muñoz. Hasta hace unos años, la política del ayuntamiento era la de mirar a otro lado en materia de infracciones urbanísticas. El actual concejal de Coordinación Jurídica quiere aplicar mano dura con los infractores aunque admite que el principal escollo es la falta de personal. Los arquitectos del servicio de Licencias, que se encarga de las obras mayores —las que afectan a muros, forjados y estructura— están desbordados, hay cinco para toda la ciudad. «No podemos tener inspectores todo el día en la calle mirando hacia arriba y buscando construcciones ilegales», apunta Crespo. Los arquitectos pueden detectar casos en una inspección de obra pero la mayoría de expedientes por obras ilegales se inician a partir de una denuncia de los vecinos. Con todo, Félix Crespo admite que «seguramente hay más obras ilegales en la ciudad, el problema es que no se denuncian».

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