El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, asegura que en el retraso del pago de las expropiaciones millonarias del Parque de Cabecera de las que se han beneficiado las familias Trénor y Cotino, que cobrarán 14 y 3,6 millones de euros, respectivamente, ha habido una «negligencia clara» por parte del anterior gobierno del PP. El concejal anunció que el gobierno del tripartito, que ya tiene hipotecados 8,5 millones del presupuesto de 2017 para hacer frente a las expropiaciones millonarias a estas dos familias valencianas, está estudiando distintas fórmulas para depurar responsabilidades, desde la comisión de investigación, a la auditoría, sin descartar incluso la vía judicial.

En 2010, el grupo municipal socialista, entonces en la oposición, solicitó en el pleno la creación de una comisión de investigación para determinar por qué la junta de gobierno no llegó a aprobar el pago de las indeminazaciones pendientes a los hermanos Trénor Galindo y a la familia del ex conseller de Agricultura „ahora investigado en el caso Gürtel„. Sarrià aseguró ayer que hay que investigar «por qué los únicos propietarios de los 140 afectados por las expropiaciones del Parque de Cabecera fueron estas dos familias». Ambas se acogieron al derecho de retasación que permite la ley de Expropiación Forzosa incrementando su indeminación. El Jurado Provincial de Expropiaciones asignó en 2005 a los 5.400 m2 de los Trénor un valor de 273.000 euros y a otros 15.000 m2 propiedad de Alquería Dolores, S. L.,„perteneciente a la familia Cotino„ 687.000 euros. La resolución no fue recurrida por ninguno de los propietarios. La mayoría de ellos cobró, salvo las citadas dos familias que transcurrido el plazo de dos años que marca la lay solicitaron la retasación, que revalorizó el suelo expropiado a los Cotino hasta 3,5 millones de euros y el de los Trénor hasta 1,6 millones de euros. Estos últimos no se conformaron y recurrieron la valoración al Tribunal Supremo que ahora les acaba de asignar un valor de 14 millones de euros a sus propiedades.

En estas expropiaciones, aseguró Sarrià, ha habido un perjuicio evidente para la hacienda pública y un desmedido e injustificado beneficio para algunos de los propietarios afectados. Para el tripartito se ha producido un enriquecimiento injusto para estas familias que va a a ser investigado.

Mercedes Trénor Galindo, propietaria junto con otros tres hermanos de los 5.400 m2 expropiados del Parque de Cabecera, es profesora de Urbanismo de la Universidad Politécnica, experta en valoraciones de suelo rústico, y además asesoró al ayuntamiento en la tasación de varias expropiaciones como las de Benimàmet.