Política judicializada: Cuarenta cargos municipales salen absueltos de los tribunales

El periodo de reflexión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y las recientes absoluciones de figuras de peso como Mónica Oltra y Jorge Rodríguez han avivado el debate sobre el uso (y abuso) de la maquinaria judicial como arma para destruir al adversario político. El enfrentamiento en los tribunales no es ni mucho menos exclusivo en los altos niveles de la administración: a escala local, donde los representantes públicos están mucho peor pagados (si es que lo están), alcaldes y concejales saben muy bien lo que es gestionar con la sombra de los tribunales permanentemente sobre el cogote.

Tan solo en el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, al menos 40 cargos municipales de todos los partidos políticos han quedado absueltos o han sido exculpados en los últimos años en un rosario de causas judiciales relacionadas con actuaciones de sus ayuntamientos, todos ellos de menos de 30.000 habitantes, según ha podido contabilizar este diario. Algunos han visto cercenadas sus posibilidades de continuar en política; otros se han visto involucrados en largas causas cuando ya la habían abandonado.

El exalcalde de Enguera, Santiago Arévalo (PP), confiesa ser "un doctor" en la materia: lleva 14 años encadenando imputaciones por diferentes acusaciones y desde 2010 ha salido exonerado de las siete causas judiciales iniciadas contra él a raíz de las denuncias de la oposición municipal que le pedían penas de cárcel, la mayoría por cuestiones urbanísticas. Ahora todavía aguarda un último juicio instado por la Fiscalía y relacionado con la contratación menor de una de las empresas ligadas al caso Taula, que ya se ha aplazado dos veces y que está convencido de que va a quedar en nada. El mismo litigio impidió presentarse a la reelección a otro exalcalde de Enguera también encausado, Óscar Martínez (PSPV).

"El coste personal y familiar es tremendo. Utilizar la justicia políticamente beneficia a los que quieren medrar y a los que meten la mano: cuantas más personas imputadas hay, la verdadera corrupción se diluye", señala Arévalo, que fue alcalde durante 16 años, hasta 2015, cuando ya no se presentó. "No extraña que cueste tanto a los partidos hacer las listas. Quien se presenta es expone a que le jodan la vida. La política se ve como algo a lo que todo el mundo entra a robar y eso separa a la ciudadanía, cuando la mayoría de concejales y alcaldes se levantan cada mañana para hacer cosas por sus pueblos, la mayoría sin cobrar", observa Arévalo.

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El exalcalde pone el foco en el coste de los procesos que terminan en nada, que terminan pagando los ayuntamientos, así como en lo "fácil que resulta hacer daño en los tribunales sin ninguna consecuencia". "Estamos indefensos y la presunción de inocencia ya no se tiene en cuenta: cuando te imputan te piden que te vayas sin escucharte", apunta. "Me sacó Wyoming diciendo que era un corrupto, ¿cuándo salga inocente de la última causa me volverá a sacar?", pregunta Arévalo, que se dio de baja voluntariamente del PP a la espera de su última sentencia.

El exalcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz (Compromís), también colecciona causas archivadas: cuatro querellas penales del PP dirigidas contra él cuando presidía el consistorio terminaron en nada, algunas de las cuales involucraron a familiares en un pueblo de apenas 2.100 habitantes. "Sabiendo que era maestro llegaron a pedirme 12 año de inhabilitación y 4 de suspensión de empleo público por contratar a una periodista. Cuando lo analizo desde fuera de forma fría me doy cuenta de que no era consciente de lo que me estaban haciendo y de cómo lo que pretendían era acabar conmigo: unos denunciaban y otros callaban, el silencio es complicidad", asegura Muñoz, que subraya que quien está en política municipal "lo está por convicciones".

El exalcalde de la Font lamenta el retraso de las causas, que se demoraron durante años, y el hecho de que cuanto más poder económico se tenga más fácil resulta mantener el pulso judicial. "La presión se lleva como se puede, pero te acaba afectando, y todo esto aleja a la gente de la política. Es una guerra de desgaste, pero yo aguanté por dignidad", subraya. "La política municipal es desgradecida, cuando piensas las horas que le has dedicado y los disgustos, pero cuando veo las cosas que hicimos para mejorar el pueblo merece la pena", mantiene.

Archivan la querella por la compra del solar del familiar de un edil de la Font

A Juan Antonio Puchades, exalcalde de Benigànim, todavía no se le borran de la memoria las acusaciones "escandalosas" que comenzaron a aparecer en las televisiones nacionales después de dejar el cargo en 2015, relacionadas con la suscripción a servicios de entretenimiento ligados a líneas telefónicas municipales. Tanto él como dos concejales del gobierno local fueron imputados tras una denuncia del PSPV, pese a que defendieron que no se había producido gasto y que las suscripciones no habían sido voluntarias. Después de 9 años, el juzgado no vio evidencias como para abrir juicio y archivó el caso.

"Me retrataron como un depravado y todo era un bulo. Me sentía indefenso. Creíamos que la cosa duraría un año y estuvimos 9: ha sido horroroso, no se lo deseo a nadie", resume Puchades. "Restituir la imagen después de eso es imposible y no hay pena para los que denuncian, aunque el tiempo pone a cada uno en su sitio", añade. Preguntado por si le valió la pena ser alcalde, asegura rotundamente que volvería a repetir "incluso sabiendo lo que pasó". "Aunque me queda un regusto amargo, cuando veo la cantidad de cosas que hicimos en esa época por el pueblo pienso que sirvió de algo", remacha.

Archivan la causa contra el exalcalde de Benigànim y dos exediles del PP por el gasto en teléfonos móviles

El mismo calvario judicial compartió el exconcejal del PP Andrés Moscardó, a quien el Ayuntamiento de Benigànim tuvo que pagar 22.416 euros para compensarle tras quedar absuelto de otra causa en la que se le acusaba de un supuesto desfalco en la recaudación de los festeros del Cristo. "No hay sentencia favorable ni dinero que pague todo lo que mi familia y yo hemos sufrido durante estos años”, dijo Moscardó entonces. "Se ha demostrado que detrás de todo este proceso había un interés político", incidió.

En Benicolet (600 habitantes), dos exalcaldes y tres exconcejales han sido absueltos en varias ocasiones por la proliferación de construcciones sin permiso tras las denuncias de otro exedil al que un juez condenó a costas tras reprocharle su "temeridad" y su voluntad de generar "una exagerada litigiosidad" por no estar en el gobierno municipal. En 2012, dos exalcaldes de Montaverner fueron igualmente exculpados de las denuncias por malversación en la empresa pública del PP tras diez años de acusaciones.

Otro exalcalde de Benicolet sí fue condenado recientemente a 9 años de inhabilitación por delitos urbanísticos. Pero la inmensa mayoría de denuncias de carácter político terminan sin culpables. Exculpados o absueltos han salido alcaldes y concejales en Xàtiva, la Llosa de Ranes, Chella, l'Alcúdia de Crespins, Vallada, la Granja de la Costera, Aielo de Malferit, l'Olleria, Anna, Montaverner, Moixent o Canals.

Caso paradigmático pero aparte es el del alcalde de Ontinyent, juzgado por su labor al frente de la Diputación de Valencia y exonerado de toda responsabilidad tras ser obligado a dejar el PSPV. "Arrastraron muchos nombres por el barro cuando lo único que quisimos fue limpiar y profesionalizar la diputación y su empresa. Ha sido un proceso judicial que al final solo ha valido para hacer daño y causar un gasto público innecesario", ha proseguido Rodríguez.

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