31 de mayo de 2016
31.05.2016
Ocupación ilegal de edificios

Una pareja de "okupas" impide crear un centro de servicios sociales en el barrio del Cabanyal

Los jóvenes habitan un edificio de la calle La Reina de titularidad municipal donde el consistorio quiere poner ese servicio

03.06.2016 | 08:07
Vista de la calle la Reina, en el Cabanyal. Foto: José Aleixandre

La ocupación ilegal de viviendas y edificios en el Cabanyal está dificultando no sólo la rehabilitación del barrio sino la instalación de equipamientos públicos de vital importancia para la zona. En concreto, la ocupación de unas antiguas escuelas situadas en la calle la Reina, 117, esquina con Amparo Guillem, impide por el momento colocar allí el nuevo Centro de Servicios Sociales, espina dorsal del plan ideado por el Ayuntamiento de Valencia para atender a las familias más desfavorecidas, muchas de ellas en riesgo de exclusión social.

Según explicó la concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, cuando se puso en marcha el plan del Cabanyal se pensó en poner en el barrio un centro de servicios sociales, pues en la actualidad el centro de referencia está en la Malva-rosa.

Se pensó, en concreto, en un edificio municipal, que tuviera espacio suficiente y que no necesitara demasiada inversión para ponerlo en funcionamiento. Y ese perfil lo tiene el citado edificio de la calle La Reina, que da también a la calle Amparo Guillem y Barraca.

Según Castillo, se trata de un edificio de 500 metros cuadrados, de dos plantas, muy bien colocado y que es de titularidad municipal, pues antes eran unas escuelas. «Es perfecto para este cometido y daría gran proximidad los servicios que quiere ofrecer el ayuntamiento», dijo.

Una o dos parejas
El problema es que el edificio está «okupado» y hasta el momento no han podido tan siquiera entrar a comprobar su estado. Al parecer, se trata de una o dos parejas de jóvenes „hay versiones distintas„ que se han instalado allí y a los que los servicios municipales no quieres desalojar por la vía policial o judicial.

Muy al contrario, se ha puesto en marcha, dijo, un proceso de «mediación» para hacerles comprender que «no se trata de especular con el edificio sino de ayudar a la gente que más lo necesita».

Este proceso se ha puesto en marcha hace tan sólo una semana y por el momento sólo ha habido una notificación a las personas que ocupan el edificio. Y espera que en los próximos días o semanas se pueda hablar con ellos para resolver el problema.

La mediación como método
En realidad, la mediación es el método que parece que utilizará el consistorio y la sociedad Plan Cabanyal para acabar con las ocupaciones ilegales, no las de familias excluidas, sino las de jóvenes del movimiento «okupa» que tienen inmovilizadas una treintena de viviendas y que según la Policía Local, generan molestias a los vecinos.

Según explicó Vicent Gallart, gerente de Plan Cabanyal, ni la policía ni los jueces son una solución inmediata para estos casos, que están resultando un verdadero atasco para la rehabilitación del barrio.
Aunque son conscientes de las dificultades para hablar con este colectivo, que Gallart calificó de «minoritario», el responsable ahora de la rehabilitación del barrio tiene confianza en poder llegar a acuerdos a través de otros colectivos próximos a los «okupas» pero más abiertos al diálogo con la administración.

En este sentido, recordó que este movimiento está integrado dentro del denominado Espai Veïnal del Cabanyal, en el que confluyen movimientos alternativos de diferentes orígenes y objetivos. Se citan, además, en el edificio la Colectiva, que se ha convertido en la casa de todos estos movimientos.
Ya han pensado incluso en algunas personas, con cierta relevancia y consideración dentro de estos movimientos, que podrían hacer esa labor de mediación. Será la fórmula utilizada antes de recurrir a los tribunales solicitándoles órdenes de desalojo forzoso.

En el barrio hay censadas más de 150 viviendas ocupadas ilegalmente. La mayoría de las mismas, como ha venido informando este periódico, están habitadas por familias gitanas o inmigrantes en riesgo de exclusión social, y un total de 34 son casas okupadas por movimientos alternativos que se han asentado en el barrio en los últimos años. El viernes pasado precisamente se aprobó el convenio para financiar con hasta 10.000 euros las rehabilitaciones.

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