El Ayuntamiento de Valencia instó ayer al Ministerio del Interior para que cierre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores «en el plazo más breve posible y en un máximo de seis meses». Así de contundente se mostraba el concejal de cooperación al Desarrollo y Migración, Berto Jaramillo. En la misma línea se expresaba el alcalde, Joan Ribó, quien incidía en la «acción decidida» del gobierno municipal «para que en Valencia no haya ni en el presente ni en el futuro, ni detenciones de carácter racial, ni CIE donde haya personas retenidas que no han cometido ningún delito». «Redoblamos a partir de este mismo momento las peticiones de inspección al CIE de Zapadores por parte de los técnicos del ayuntamiento», así como todas las solicitudes de información «que ya hemos tramitado durante este tiempo».

Ribó recordaba, como ya publicaba Levante-EMV hace un par de semanas que se ha encargado «un estudio jurídico para asegurarnos la plena legalidad cuando solicitamos inspecciones, información y el propio cierre del CIE». «Vamos a defender con uñas y dientes nuestras competencias municipales», manifestaba la primera autoridad municipal. Ribó ha explicado que hace meses el gobierno municipal ya puso a trabajar a un equipo de técnicos para constatar la situación del centro en materia de salubridad, disciplina urbanística, licencia de actividades e incluso licencia de obras; parte de los técnicos intentaron inspeccionar presencialmente el CIE de Zapadores, encontrándose con la negativa del Ministerio del Interior para poder acceder.

La situación provocó que la corporación municipal forzara una visita «institucional» del propio Ribó, acompañado por Jaramillo y los concejales de Sanidad (Maite Girau), e Isabel Lozano (Igualdad). Ribó expresaba ayer su «apoyo de manera explícita» a todas aquellas iniciativas institucionales encaminadas a cerrar los CIE repartidos en todo el Estado. «Nos ponemos al lado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un intento global, junto con otras ciudades del Estado, para contribuir al cierre de los CIE». Tal y como ha expresado Ribó, si los 20,8 millones de euros anuales que le cuestan al Gobierno central los CIE y las deportaciones se destinaran a la lucha contra la pobreza, dentro y fuera de nuestro país, «estaríamos construyendo un mundo algo mejor».

Jaramillo insistía, además, en la voluntad expresa de todo el equipo de gobierno, manifestada en el pleno del ayuntamiento de noviembre, cuando la mayoría del consistorio votó a favor de una moción en que se insta el Gobierno central a iniciar «un proceso que conduzca al cierre de los centros de internamiento de extranjeros, y que, en concreto, en el plazo más breve posible y en un máximo de seis meses acuerde el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores». Jaramillo recalcaba la voluntad municipal de que «las fuerzas de seguridad no practiquen identificaciones atendiendo al color de la piel de las personas», y que ninguna persona «sea privada de libertad por no tener los papeles en regla. La gente que huye de la guerra y la miseria de sus países no se merecen este trato». También recordaba el compromiso de incluir en los convenios con las empresas adjudicatarias del transporte público, la «garantía de todas las personas al derecho a la movilidad, sin que se tengan que ver perturbadas por identificaciones raciales».