La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha puesto reparos significativos a un 29,5% de los contratos realizados en el año 2015, cinco puntos más que el año anterior. Así consta en el Informe de Fiscalización presentado ayer en la Comisión de Hacienda, que advierte sobre la falta de control previo de los contratos, la ausencia de cobertura presupuestaria o el elevado número de contratos menores. El grupo Ciudadanos ya ha pedido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que frene estas anomalías. Y por parte del equipo de Gobierno se asegura que en las bases de ejecución presupuestaria del 2017 se van a aumentar los controles precisamente en esa dirección.

En realidad, los reparos de la Intervención General a la forma de gastar el dinero municipal son un clásico del Ayuntamiento de Valencia. El propio informe lo dice. La novedad del año 2015, cuya gestión se repartieron el anterior gobierno del PP y el nuevo Govern de la Nau, es que las observaciones «importantes» aumentaron respecto al año anterior.

Según los datos de la Intervención municipal, el porcentaje de contratos que no merecieron comentario alguno ha subido del 55,8 al 60,6 por ciento, y el importe de esos contratos ha crecido también del 25,9 al 31,8 por ciento. Sin embargo el grupo de las observaciones «no significativas» ha sido prácticamente residual y ha aumentado notablemente el grupo de las «observaciones significativas», que ha pasado del 24,9% al 29,5%. El importe global de esas observaciones ha pasado del 42 al 41,7 por ciento.

Las infracciones

La causa principal de estos reparos es gastar el dinero de las arcas municipales sin autorización o fiscalización previa, aunque hay otras también muy repetidas en el informe de la Intervención General como la falta de cobertura presupuestaria o la facturación de varios servicios a una misma empresa superando globalmente lo permitido para los contratos menores. Es decir, fraccionamiento de contratos. De hecho, la mitad de las operaciones analizadas son contratos menores, una fórmula muy utilizada en el Ayuntamiento de Valencia.

Al término de la Comisión de Hacienda, por tanto, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pidió al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que frene los casos de omisión de fiscalización que se producen en las contratas. «La ejecución de gastos omitiendo el procedimiento legalmente establecido se ha convertido en una práctica habitual en el tripartito, lo que supone una falta de transparencia inadmisible. El informe de fiscalización nos da la razón a los múltiples casos que hemos denunciado en los últimos meses», dijo Giner.

Y en cuanto a los contratos menores sin fiscalización previa, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que «se utilice el procedimiento ordinario para pagar las facturas y no un procedimiento de urgencia».

Vuelta de tuerca

Por su parte, el equipo de gobierno ha admitido este problema y ha anunciado medidas correctoras en las bases de ejecución del presupuesto del año 2017. Según el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en los presupuestos de 2016 el Ayuntamiento de Valencia ya fijó la obligación de hacer un control previo de todos los contratos menores, cosa a la que no están obligados por ley. La realidad, sin embargo, es que ese tipo de contratos, por cuestiones de urgencia u otras causas, siguen sin cumplir en su totalidad lo dispuesto por el consistorio.

Ahora pues, cuando se preparan los presupuestos generales de 2017 y se elaboran las bases de ejecución presupuestaria, la idea de la Concejalía de Hacienda es aumentar los controles a estos contratos y tratar de acercarse lo máximo posible a la fiscalización previa de todos los contratos menores. «Hay que cumplir la norma que nos hemos dado», dijo el edil socialista.