El Gobierno Central, y concretamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha justificado al Gobierno municipal de que no puede anular el Plan de Ajuste 2012-2022, debido a que se encuentra en funciones.
El ministerio ha respondido así al ayuntamiento, que remitió a Madrid la moción aprobada por el pleno que exigía que se diera por finalizado este plan, entendido que el Govern de la Nau ya ha cumplido los deberes en todos los aspectos requeridos, es decir: nivel de deuda, superávit y plazo a proveedores.
La carta remitida al alcalde Joan Ribó está firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien señala que «esta regulación se contiene en una norma con rango de ley» que apunta «sólo podría excepcionarse mediante otra norma de igual rango, no pudiendo instrumentarse a través de una decisión de un órgano administrativo. Considerando la limitación expuesta, debe significarse a este respecto que el Gobierno de la Nación se encuentra actualmente en funciones y por lo tanto, solo debe facislitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitando su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos».
En la práctica este «cinturón» del Gobierno Central, que es constantemente criticado por el gobierno municipal, obliga a Valencia a pagar la deuda, le impide contratar personal, e imposibilita crear empresas públicas o pedir créditos.
Moción casi unánime
Así, a finales de junio, el alcalde Joan Ribó defendió en el pleno del ayuntamiento su propuesta de dirigirse a Hacienda para que se retirase el plan. Esta iniciativa fue materializada en papel en forma de moción que apoyaron todos los grupos municipales a excepción del PP.
Precisamente el texto remitido a Madrid, también lanzaba críticas a los anteriores gobiernos populares, a los que acusaba de hacer «gala de un gran malgasto y una irresponsabilidad en la gestión de los recursos de la ciudadanía, acumulando una deuda ingente con proveedores, y llegando a una deuda financiera de 1.046 millones de euros. Esta falta de responsabilidad continuó aprobándose un plan de ajuste de 10 años, el máximo permitido, que hipotecó los recursos disponibles para realizar inversiones productivas, gastos destinados al bienestar de los valencianos y valencianas y crear ocupación, comprometiendo el reembolso de la deuda un importe de recursos propios municipales muy por encima al necesario para cumplir con los objetivos fijados por la normativa de sostenibilidad financiera».
El origen del problema está en 2012 cuando el Gobierno Central prestó al ayuntamiento 183 millones de euros para pagar deudas con proveedores a y le impuso este plan de ajuste hasta 2022 para rebajar la deuda global, la cual se elevó con este préstamo hasta los 1.046 millones , lo que suponía el 148% de los ingresos corrientes.
El Govern de la Nau justifica su petición, señalando que desde la entrada del nuevo gobierno progresista «la situación a día de hoy es muy diferente» y explican que el ayuntamiento «cumple plenamente las condiciones» exigidas para «declarar no vigente el plan», después de la cancelación de la deuda con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores. Asimismo, argumentan —a fecha de junio cuando se aprobó la moción—que el porcentaje de la deuda está por debajo del límite legal del 110%, el resultado en términos de estabilidad es de superávit y el periodo del pago a proveedores ya estaba en mayo a poco más de 9 días.
