15 de noviembre de 2016
15.11.2016

El ayuntamiento ha tenido que hacer frente este año a expropiaciones por un valor de 40 millones de euros

La Generalitat incluirá en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos una moratoria de dos años

15.11.2016 | 04:15

Tan importante como las inversiones del Plan Confianza o las previsiones de inversión de los presupuestos de la Generalitat Valenciana es una enmienda sobre expropiaciones que han presentado los grupos que gobiernan la comunidad a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Según explicó Manuel Mata, se trata de decretar una moratoria de dos años para las llamada «expropiaciones rogadas», que le han costado al ayuntamiento 40 millones de euros este ejercicio, el equivalente a la mitad de la partida de inversiones.

La idea de los socialistas es que pese a que la actual normativa establece que pasado un plazo de cinco años, los propietarios de los terrenos sobre los que están proyectadas infraestructuras públicas como parques, jardines, colegios o pabellones deportivos tienen el derecho a pedir la expropiación obligatoria al Ayuntamiento, este plazo pueda ampliarse temporalmente durante dos años más, en concreto hasta el 31 de diciembre de 2018, «logrando un importante balón de oxígeno para municipios que no tienen dinero para acometer las obras deseadas y que además tienen que asumir el coste de expropiaciones de terrenos que no utilizarán para nada en el corto plazo», dijo Mata.
La iniciativa, que ya ha sido aprobada en otras autonomías como Cataluña, está diseñada además como una medida «temporal» hasta que la situación de los ayuntamientos se estabilice y se produzca, además, una revisión general de la Lotup.

Deudas históricas
Por otra parte, el sindic socialista destacó las «necesarias partidas que deben incluir los presupuestos del Estado para la ciudad de Valencia para acabar con la discriminación histórica a la que Rajoy y Montoro nos han sometido» «Seguiremos dando la batalla tanto política como económica y tanto desde el Consell como desde Les Corts y el Ayuntamiento para que el Gobierno Central incluya partidas fundamentales como los 38 millones de ayudas al Transporte Metropolitano; asuma la deuda del Consorcio Valencia 2007 o acometa de una vez por todas las obras del Parque Central con el enterramiento de las vías».

«Valencia es la ciudad más maltratada metropolitanamente por parte del Gobierno», sentenció.

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