Carmen González, presidenta de la Asociación Unificadora de la Punta, se mostró satisfecha por la sentencia del Tribunal Supremo y anunció que pedirán la reversión de los terrenos para todos los propietarios afectados. No obstante, está en completo desacuerdo con la decisión del tribunal de que esa reversión se traduzca en una indemnización, pues los vecinos «no son especuladores, sino agricultores» y lo que han querido siempre es recuperar sus tierras.
Para González, es incomprensible que no se hayan admitido los recursos de todos los propietarios y que después de reconocer el derecho de reversión a dos de ellos, se diga que la devolución no es posible en la situación actual y se inste a pactar una negociación de las indemnizaciones.
Así pues, ya anuncia que desde la asociación se va a proponer la reversión de los terrenos a todos los afectados y que los actuales terrenos de la ZAL sigan siendo Zona de Huerta de Protección Agraria, es decir, huerta protegida, como declaró una sentencia del tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el año 2015.
En una palabra, quieren los terrenos y no indemnizaciones, y apela a las administraciones a que, más allá de la literalidad de la sentencia, reconozcan los derechos de los propietarios y busquen soluciones. A su juicio, «esto es ya una cuestión de voluntad política y los responsables tienen nombre: los señores Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, y Joan Ribó, alcalde de Valencia».
«Yo espero que esta sentencia haga reflexionar a nuestros políticos y no hagan promesas que luego no van a cumplir. Que se enteren de que los vecinos somos gente seria, que no queremos dinero, sino nuestra huerta. No somos especuladores, sino agricultores. Y llevamos 24 años luchando para algo», explica Carmen González.
«Trampa jurídica»
Sobre el estado actual de los terrenos, la presidenta de la Asociación Unificadora de la Punta admite que, de entrada, quitaron metro y medio de tierra en toda la ZAL y que se han hecho obras de urbanización, pero no cree que ese sea el problema por el que no se pueden devolver las parcelas a sus propietarios.
A su juicio, «el tribunal lo que ha hecho ha sido dejar una salida a las administraciones y al puerto para resolver el problema con dinero, una trampa jurídica para que sigan especulando y no reconocer la reversión».
