El gobierno municipal llevará al Tribunal del Cuentas el expediente de expropiación de tres parcelas en el Parque de Cabecera, pertenecientes a las familias Cotino y Trénor, por las que el ayuntamiento ha tenido que pagar más de 18 millones de euros.
El alcalde de València, Joan Ribó, y el responsable de Urbanismo y Desarrollo, Vicent Sarrià, explicaron ayer que los terrenos que en un primer momento tenían un valor de 961.000 euros acabaron costando más de 18 millones, debido a que el gobierno municipal del PP no pagó a tiempo.
Desde el Govern de la Nau, argumentan que el entonces equipo popular de Rita Barberá había sido advertido tanto por los técnicos como por los propietarios de que debían realizar el abono por las parcelas, y que dicha demora supuso una retasación al pasar los suelos de agrícola a urbano.
Como ya ha venido informando Levante-EMV, fueron 140 los propietarios expropiados, pero dos familias, los Trénor y los Cotino, ha sido los que han visto multiplicados los beneficios esperados de forma espectacular.
Los terrenos expropiados a estas dos familias valencianas tenían que haber costado inicialmente 961.000 euros: 687.517 euros por los 15.000 m2 que se expropiaron a la familia del ex conseller de Agricultura y ex presidente de las Corts con el PP, Juan Cotino, y 273.000 a los Trénor por 5.400 m2.
Investigación tumbada por el PP
Ya en la pasada legislatura el grupo socialista, entonces en la oposición y ahora parte del gobierno municipal, reclamó la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades por el retraso en el pago de las expropiaciones, cuyo coste el Tribunal Provincial de Expropiaciones valoró en 2005 en apenas un millón de euros. El grupo del PP tumbó la propuesta en el pleno.
El objetivo de la comisión era determinar quienes eran los responsables del retraso en el pago. Entre 2005 y 2008 se destinaron 25 millones a pagar expropiaciones, pero el pago a los Trénor y a los Cotino nunca llegó.
El actual gobierno que ha sido el que ha tenido que pagar esos 18 millones de euros, ha llevado finalmente este expediente ante los servicios jurídicos municipales, cuyo informe señala un perjuicio económico para las arcas públicas, y avala trasladarlo al Tribunal de Cuentas.
Como explicó ayer Vicent Sarrià, «la conclusión del informe jurídico es que los técnicos funcionarios informaron en todo momento correctamente de los pasos a dar, y que fue una decisión por omisión de no llevar nunca a la Junta de Gobierno el pago de estas expropiaciones hasta que ya era demasiado tarde y se había producido el perjuicio económico para las arcas municipales que ciframos en 17.325.000 euros», de esos 18.280.000 euros abonados.
Así, esta denuncia que se llevará al Tribunal de Cuentas, tiene nombres y apellidos: la exalcaldesa, Rita Barberá, y quienes fueron responsables de la Junta de Gobierno Local, (Miguel Domínguez), de Economía(Alfonso Grau), así como de Presupuestos, Política Tributaria y Fiscal, entonces Silvestre Senent; además del coordinador de Urbanismo, Jorge Bellver; y el de Expropiaciones, Francisco Lledó.
