12 de enero de 2018
12.01.2018

El cobro de las deudas en el rastro enfada a los vendedores

Dicen que la mayoría no tiene recursos y pierden los puestos solo por deber una multa - «La norma es igual para todos», replica el consistorio

12.01.2018 | 04:15
El rastro de València tiene más de trescientas licencias.

Los vendedores del rastro de València han denunciado que el ayuntamiento está retirando las licencias o amenazando con hacerlo a todos aquellos puestos cuyos titulares tengan alguna deuda con el consistorio, ya sea de las cuotas propias del rastro, de los impuestos municipales o simplemente de una multa de tráfico, una situación bastante habitual en el colectivo dado que muchos de ellos son personas con pocos recursos. Y el consistorio ha justificado el asunto por la necesidad de hacer cumplir la norma a toda la ciudadanía por igual, resaltando que para las personas sin recursos se dan todas las facilidades de pago y además existen los servicios sociales para atender casos de especial gravedad.

Al parecer, la Concejalía de Mercados puso en marcha hace meses una campaña para poner al corriente de sus pagos a los vendedores del rastro, que son más de trescientos. Según fuentes municipales, se retira la licencia a quienes no paguen las cuotas, tengan deudas con el consistorio o no pongan sus puestos, cuestiones que están recogidas en la ordenanza y que se aplica con criterios similares a toda la ciudadanía.


Colectivo en exclusión

Pero eso, según los vendedores del rastro, tienen una repercusión muy fuerte sobre ese colectivo, en el que predominan particulares o familias con pocos recursos, algunos incluso de vivienda.

De hecho, aseguran que hay vendedores que podrían perder su licencia por multas de hace muchos años. Y citan otro ejemplo de una mujer que adeuda 9.000 euros al consistorio y le han propuesto pagar gradualmente a razón de 700 euros al mes, una opción inaceptable para ella, dicen.

Desde la concejalía, por su parte, se insiste en que «la norma es igual para todos» y además de dar facilidades de pago existe la posibilidad de recurrir a los servicios sociales en caso de que una familia quede desprotegida.

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