El Nuevo Reglamento del Pleno aprobado por el Ayuntamiento de València establece «privilegios» para los concejales que dejen el cargo que no disfrutan ni siquiera los diputados autonómicos.
Se trata de dos años de compensación económica para aquellos que al dejar de ser concejales se vean afectados por la ley de incompatibilidades y no puedan ejercer determinadas profesiones. De hecho, la oposición municipal ya anunció en su día que presentará alegaciones en el periodo de exposición pública que está vigente.
Todos los altos cargos públicos están sujetos a un régimen de incompatibilidades que les impide trabajar en profesiones o empresas que hayan tenido relación con sus responsabilidades políticas anteriores. Es decir, pone coto a las denominadas «puertas giratorias».
Luego, cada administración se regula según su criterio y, por ejemplo, los diputados autonómicos en la actualidad no tienen ninguna compensación tras abandonar el escaño. Los tres meses de indemnización que había con el PP fueron suspendidos por el presidente Alberto Fabra.
El documento
El Ayuntamiento de València, sin embargo, se ha dotado de un Reglamento del Pleno que incluye «privilegios» para los concejales durante los dos años posteriores al final de su mandato.
En concreto, «el ayuntamiento podrá asignar una compensación económica durante ese periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan ejercer su actividad profesional ni perciban retribuciones económicas por otras actividades».
Eso supone, en la práctica, que cualquier concejal podrá obtener la paga proponiéndose o aspirando a cualquier empleo que esté afectado por una incompatibilidad legal.
Estas compensaciones, no obstante, no afectan a los 33 concejales de la corporación, sino a aquellos «representantes municipales que hayan desarrollado el cargo con dedicación exclusiva y ejercido responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organiza el gobierno local».
Es decir, sólo afectaría a los miembros del equipo de gobierno, no a los que están en la oposición.
Este asunto, sin embargo, paso prácticamente desapercibido en el debate del pleno municipal. Tanto el PP como Ciudadanos se abstuvieron en la votación global aludiendo fundamentalmente a la falta de control sobre la gestión del alcalde o los privilegios que se concedía el propio Joan Ribó en los debates sobre el estado de la ciudad.
Sólo el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, hizo una alusión tangencial en el hemiciclo y luego en su nota de prensa el Partido Popular se refirió al asunto afeando al alcalde el hecho de que hace seis años abogara por «eliminar privilegios» a los concejales, a los que denominaba «casta», y ahora el alcalde Ribó, «sin el menor rubor, introduzca en el reglamento del pleno que los concejales del Gobierno, una vez que hayan finalizado su mandato y dejen el cargo, durante los dos años siguientes cobren del ayuntamiento en el caso del régimen de incompatibilidades que regula y establece la legislación estatal para el personal denominado alto cargo en la Administración del Estado».
Estas quejas podrían verse reflejadas en las alegaciones que tanto el PP como Ciudadanos tienen previsto presentar dentro del plazo de exposición pública abierto tras su aprobación inicial.
