La Generalitat y la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) han organizado un viaje de alcaldes a Madrid para reclamar al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, inversiones en el transporte metropolitano de València, con casi dos millones de usuarios potenciales, y que no cuenta con ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que sí destinan 127 millones al Consorcio de Transporte de Madrid y 109 a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

Así lo anunció ayer la gerente de la refundada Autoridad del Transporte Metropolitano, María Pérez Herrero, junto al secretario autonómico de Vertebración, Josep Vicent Boira, tras la reunión que mantuvieron con 50 de los 60 alcaldes de los municipios del área «funcional» del transporte metropolitano, que comprende las comarcas de L'Horta, Camp de Turia y la Ribera.

La movilización de los municipios para reclamar inversión al Ministerio de Hacienda no contará con el apoyo de los que gobierna el PP, cuyos alcaldes no acudiero a la reunión de ayer.

Esta «marcha de alcaldes», tal como la definió la gerente de la AMTV, se organiza ante la ausencia de interlocución y el silencio del Gobierno y del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

El presidente Ximo Puig y la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, así como la propia Autoridad del Transporte, han enviado entre febrero y marzo varios escritos solicitando un encuentro a Montoro para analizar la vuelta de las subvenciones estatales al transporte metropolitano de València, que se cortaron en 2011 cuando la Generalitat, entonces gobernada por el PP, desmanteló la Agencia de la Movilidad.

Las peticiones de la Generalitat han obtenido la callada por respuesta ante lo cual, los alcaldes anunciaron ayer que irán a Madrid para que se escuche su voz y hacer visible el «castigo» del Gobierno al transporte metropolitano de València. Boira insistió en que, al margen de las enmiendas que puedan presentar los grupos políticos, «hay que ir a Madrid porque al Gobierno parece que solo entiende las cosas cuando se hacen en la Puerta del Sol».

«Queremos que nos reciban en el Ministerio de Hacienda y nos den las explicaciones oportunas» por la negativa «injustificada» a financiar un transporte metropolitano que beneficiaría a casi dos millones de habitantes.La Generalitat quiere que la marcha cuente con la mayor representatividad institucional posible. El desplazamiento se hará previsiblemente en tren a finales de la semana próxima y previamente se notificará al ministro Cristobal Montoro.

Ribó convoca al consejo social

Tras la renunión, el alcalde de València, que secundará la movilización anunció que convocará el Consell Social de la Ciutat para pedir que todas las entidades ciudadanas se sumen a esta reivindicación y reclamó a los grupos parlamentarios que apoyen una enmienda para incluir esos 38 millones que demanda el transporte metropolitano de València.

La cantidad que se pide, destacaron alcaldes y responsables de la conselleria, es «conservadora», moderada. «No pedimos el oro y el moro», subrayó Josep Vicent Boira sino una inversión que València y los pueblos del área metropolitana merecen. Aunque la concesión de las subvenciones estatales al transporte público es, a falta de una normativa estatal similar a la de Francia o Alemania que las regule, una decisión discrecional del Gobierno, los responsables de la conselleria y la AMTV destacaron que València «ha hecho los deberes» porque ha constrituido la autoridad del transporte, reorganizado el mapa concesional y puesto en marcha los mapas de movilidad.

Tras la reunión el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, valoró la unión de los ayuntamientos independientemente del color político. La alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, del PSPV, manifestó su confianza en la fuerza del municipalismo, mientras que el primer edil de Xirivella, Ricard Barberá, de Compromís, lamentó que en 20 años no se hayan pedido las subvenciones que le correspondían a València al tiempo que reivindicó una ley estatal que regule la concesión de las mismas para evitar que sean una moneda de cambio.