Se cumplen ochenta años de la publicación de una de las leyes más nefastas del régimen franquista. El 9 de febrero de 1939, cuando el frente en Cataluña se estaba desmoronando, el gobierno franquista aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, especialmente pensada para gestionar el castigo de los republicanos. Basada en una sistemática violación de los principios básicos del Derecho clásico, como la retroactividad, la inexistencia de delito cuando el acto fue cometido, la alteración del delito de rebelión, el enjuiciamiento de familiares o la invasión de la jurisdicción militar sobre la civil, entre otros, esta herramienta para la represión permitió la extensión del miedo y la injusticia al generalizar la sospecha y el fomento de la denuncia, creando un proceso kafkiano de señalamiento público que finalizaba con la imposición de sanciones económicas, extrañamiento y pérdida de bienes y de nacionalidad en los casos más extremos. El resultado fue un implacable castigo a los ciudadanos republicanos y un proceso de ajuste de cuentas interna en los conservadores que impidió que pudieran rehacer sus vidas en plena posguerra. En la provincia de Castellón se vieron afectadas más de 10.000 familias, la mayoría en la miseria, que no tuvieron más remedio que pagar desproporcionadas cantidades de dinero cuyo rastro se ha perdido. En el actual contexto de auge de radicalismos que suspiran por tiempos pasados, es el momento de volver a la Historia para recordar lo que ocurrió hace ochenta años. Que no nos roben la memoria.
