Los vecinos de La Foya piden a la alcaldesa de Vilafamés que consensúe la urbanización

La Asociación de Afectados La Foya-Vilafamés acusó ayer a la alcaldesa, Luisa Oliver, de «tergiversar» la realidad y confundir a la opinión pública. Los miembros de la entidad vecinal afirmaron que es falso que en dicha urbanización «no se disponga de luz y agua y eso lo sabe muy bien la alcaldesa de la localidad». Según los citados miembros, tampoco es cierto que la modificación planteada al proyecto presentado en cuanto a la reducción del índice de edificabilidad de un 0,3 al 0,2 esté consensuado con los propietarios «ya que no ha habido ninguna reunión con los vecinos o los representantes de los mismos para consensuar dicha medida».

Los afectados por el proyecto de urbanización de La Foya instaron a la alcaldesa a que diga si los 12.000 metros cuadrados del proyecto incluirá todos los conceptos «o si aparte se incluiría el IVA, los costes de reparcelación, y cualquier otro de los muchos conceptos recogidos en los diferentes apartados recogidos en la Propuesta jurídico-económica presentada por el urbanizador en el ayuntamiento y que serían cargados sobre la aportación inicial de los propietarios».

Los afectados señalaron en su comunicado que la vía para resolver el problema de la urbanización no se basa en rebajar el índice de edificabilidad, «sino que la solución pasa por que el consistorio reconozca la consolidación de la urbanización y de las construcciones en ella realizadas con la antigüedad que la ley estipula». Recordaron también a la alcaldesa que el catastro reconoce que La Foya ya es suelo urbano y, por ese hecho, «ya se nos ha dicho que este mismo año ya remitirá los recibos de IBI correspondiente a cada parcela aunque no esté edificada. Igualmente Hacienda fiscaliza las viviendas construidas en La Foya, como urbanas y no como rústicas».

Es necesario clarificar terrenos

Los propietarios afectados recordaron a Oliver que es necesario clarificar los 373.992 metros cuadrados de fincas de la Comunidad que constan en escrituras y que pertenecen en partes proporcionales a cada uno de los propietarios de las 600 parcelas segregadas y que, según el catastro, «se reducen a sólo 57.485 metros cuadrados aproximadamente». Dicha circunstancia, según los afectados, ya se comunicó al ayuntamiento y al urbanizador, «sin que haya tenido ninguna trascendencia, pero los propietarios estamos trabajando para el esclarecimiento de dicha irregularidad por vía judicial, ya que no puede ser de otra forma, y queremos que se tenga en cuenta dicha circunstancia».