Sara Rios, Nules
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado en contra del Ayuntamiento de Nules y ha concedido el derecho de una trabajadora a extinguir su contrato de trabajo tras sufrir discriminación laboral por el hecho de estar embarazada. Asimismo, el ayuntamiento deberá abonarle 45 días por año trabajado ya que según, afirma la sentencia del TSJ, la empleada, Silvia Arnau, fue sometida a raíz de su embarazo a funciones de inferior categoría y salario con un grave menosprecio de su dignidad profesional.
Arnau ha declarado a Levante de Castelló que «esta sentencia significa para mi y mi familia una gran satisfacción personal después de haber vivido durante el último año un calvario personal». Arnau ha señalado que «este fallo del TSJ me permitirá ir con la cara bien alta, ya que queda muy claro el daño que me ocasionaron los responsables del ayuntamiento por el simple hecho de ser una afiliada de PP».
La sentencia asegura que el consistorio no ha podido demostrar durante el juicio ninguna justificación sobre la medida adoptada con esta empleada municipal, que mantenía una relación laboral con el ayuntamiento desde 1994. Según los informes médicos existentes Arnau, debido a toda la presión laboral recibida, sufrió un conato de aborto en septiembre de 2003 y tuvo que ser ingresada en el hospital de La Plana de Vila-real.
El letrado encargado de la defensa de la trabajadora, Vicente Arrandis, ha resaltado que esta sentencia adquiere una especial importancia «debido al hecho de que estamos ante una medida discriminatoria de una administración pública, que debe mostrarse atenta con el respeto del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la constitución».
Arrandis ha asegurado que la sentencia, al no haber sido recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo, ha adquirido firmeza. El abogado ha recordado que este asunto ya provocó el pasado mes de mayo la primera crisis entre los grupos del gobierno local, PSPV e IPN, ya que el alcalde de Nules, Salvador Górriz, no consiguió que cuatro concejales del IPN apoyasen una resolución relacionada con el contencioso, resuelta ahora por el TSJ.
Casos pendientes
Además de la sentencia dictada por el TSJ, el asunto todavía tiene pendiente celebrar un juicio en el Juzgado de lo Social de Castelló, junto con la personación del Ministerio Fiscal, previsto el próximo 21 de diciembre. Este nuevo juicio tendrá que dilucidar una posible indemnización adicional por los daños psíquicos y morales sufridos por la trabajadora.
Arnau ha manifestado que ahora cobrará los dos años de paro que le corresponde y se dedicará a cuidar de sus hijas, y una vez finalice este período ya se planteará nuevos retos.
Por otro lado, este periódico no pudo ponerse en contacto con el alcalde de Nules, el socialista Salvador Górriz, ilocalizable toda la jornada. Por su parte, el máximo representante de IPN y futuro alcalde, Vicente Martínez Lucas, afirmó encontrarse en al feria agrícola de Lleida y desconocer la sentencia dictada por el TSJ.
