El Ayuntamiento de Castelló ha iniciado los trámites para recuperar los terrenos del Grau que desde 1958 están ocupados por un aeródromo civil, donde prevé desarrollar la Ciudad de las Lenguas. Y ante los problemas jurídicos en los que se puede encontrar, el equipo de gobierno ha contratado los servicios del despacho de abogados J&A Garrigues para que determine los «derechos de uso de terceros» y negocie con el Aeroclub su traslado al aeropuerto de Castelló, según el decreto municipal al que ha tenido acceso Levante de Castelló. El Aeroclub reclama al consistorio que facilite una ubicación distinta a la de las instalaciones de Vilanova.

El Ejecutivo local ya informó por escrito recientemente al Aeroclub sobre su intención de hacerse con la superficie que ocupa para construir en ella el centro idiomático, según confirmaron desde el aeródromo. La dirección del campo de aviación ha presentado unas alegaciones en las que no se «opone a un cambio de lugar», pero rechaza el emplazamiento escogido por el ayuntamiento (aeropuerto). Las mismas fuentes señalaron que transcurridos 50 años de existencia, «se consideran con derecho a una compensación». «Nos gustaría que nos ayudaran a obtener otra ubicación diferente a la del aeropuerto», indicaron.

La operación se presume larga y compleja. Por un lado, la Ciudad de las Lenguas no verá la luz hasta 2017, y se atisba difícil que los munícipes opten por trasladar antes de esa fecha el aeródromo al aeropuerto y dejar abandonado durante años este solar. Por otro, el ayuntamiento puede tener que afrontar un proceso legal a dos bandas. El Ministerio de Defensa cedió en 1958 la parcela al consistorio con la condición de que se mantuviera «como campo de vuelo, deportivo de avionetas, helicópteros y vuelo sin motor», según las escrituras de la cesión, por lo que Defensa podría pedir la reversión de los terrenos en el caso de que se lleve a cabo la Ciudad de las Lenguas. Asimismo, podrían demandar sus derechos los antiguos dueños de la zona a los que el Ejército del Aire les adquirió sus propiedades en los años 30 para construir un aeródromo militar . A este respecto, una reciente sentencia sobre el aeródromo de Reus ha dado la razón a los ex propietarios de esta zona y ha concluido que podrían recuperar sus antiguas tierras al modificarse la destinación del bien expropiado (pasó de uso militar a civil).

A la vista de todo ello, el ayuntamiento ha contratado a Garrigues, con un coste de 20.880 euros, para que analice los derechos de uso del Aeroclub sobre los terrenos, «determinando su alcance, y cargas y derechos de terceros», y negocie las condiciones del traslado al aeropuerto, según el decreto municipal.