El alcalde de Orpesa, el popular Rafael Albert, tendrá que verse de nuevo las caras con los jueces. La Fiscalía ha resuelto presentar una denuncia en los juzgados contra él por presunta prevaricación después de investigar las acusaciones que en su día realizó ante el Ministerio Público la exconcejala socialista del consistorio, Rosa Sabater y actual cabeza de lista por EUPV.
Según se desprende de la resolución remitida por la Fiscalía Provincial de Castelló a Sabater, el ministerio público entiende que el alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación al mantener en los presupuestos de 2009 diferentes pagos irregulares pese a haber sido advertido por parte de los técnicos de Intervención de la «improcedencia en el pago» y lo «antijurídico de la actuación».
«Vista la documentación aportada (…) la puesta de manifiesto de la ilegalidad de la conducta por la intervención, el dictado de reiteradas y numerosas resoluciones por el denunciado pese a ello y el consiguiente menoscabo para las arcas públicas, se acuerda la formulación de denuncia y su remisión a los juzgados de instrucción de Castelló para la investigación de los hechos, al entender que los mismos pueden ser constitutivos de delito de prevaricación sin perjuicio de otros que se acrediten durante la instrucción», reza el tenor literal de la resolución fiscal.
Entre otros pagos, la fiscalía entiende que en el presupuesto estaban incluidos de forma irregular los abonos de productividades fijas al personal del ayuntamientos «cuantificadas de forma no objetiva» o incluso «excesos de gratificaciones» en las nóminas «sin motivo que lo justifique e incluso a funcionarios estando de vacaciones».
Más gratificaciones que salarios
Según denunció Sabater ante Fiscalía, la partida de incentivos al personal incluida en los presupuestos municipales «supera la de pago de salarios». Según incluyó en su escrito de denuncia ante la Fiscalía, sería una forma de «comprar voluntades del personal sin justificación del trabajo que lo avale».
En este apartado se incluirían también los realizados a personal ajeno al ayuntamiento de forma regular, algo que Sabater denunció en sus días como concejala de forma reiterada. Señala la fiscal en su resolución que existen reparos de intervención relativos a abonos de facturas que se pagan «a personas no contratadas por el ayuntamiento y de forma periódica no siendo personal del mismo».
Sabater había denunciado en más de una ocasión que, pese a haber cubierto el contrato de arquitecto municipal «se seguía pagando a la persona que había realizado con anterioridad trabajos para el ayuntamiento, pese a que la plaza estaba cubierta».
La ahora exconcejala también denunció que existían muchos gastos fijos y de suministros que no habían sido sacados a concurso y se mantenía su pago con facturas. Así por ejemplo, «los gastos de suministro y mantenimiento del alumbrado público o el servicio de jardinería no han salido a concurso».
«La forma de contratar va en contra de los intereses económicos de los ciudadanos. Resulta sospechoso el empecinamiento del alcalde por mantener estos trabajos solo para algunos», aseguró Sabater en su escrito de denuncia.
