Los fiscales de Castelló también mostraron su malestar por la situación que se vive en la Justicia. Así, en un escrito firmado por las asociaciones de este sector judicial, aseguran que "las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que anuncia se van a adoptar, suponen un ataque a los principios básicos de la función pública, recortando algunos de sus derechos consustanciales, poniendo en duda la profesionalidad de quienes la integran y que con su actuación dotan de un valor añadido a la economía española en su conjunto".
Al respecto, indican que el sistema de sustituciones que se propone es "inviable y no va a llevar más que a aumentar el colapso de los juzgados y la pérdida de la calidad de las resoluciones".
Además, añaden que "con la supresión de la paga extra de Navidad los jueces y fiscales han sufrido un recorte muy superior al resto de cuerpos superiores del Estado. Este mayor recorte sólo puede justificarse en el desprecio continuo que hacia nuestras carreras demuestran quienes nos gobiernan y nos han gobernado".
Las asociaciones judiciales, desde la comisión nacional de seguridad y salud, procederán a partir de ahora a establecer de forma inmediata un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que "a la mayor brevedad establezca un catálogo de enfermedades profesionales aplicables a la carrera judicial y fiscal". "El Gobierno nos aboca a una situación de conflicto en el colectivo de la carrera judicial y fiscal y por ello acordamos la creación de una comisión conjunta y permanente de los representantes de las asociaciones judiciales que canalizarán todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales y concentraciones".
