El copago a los discapacitados que usen servicios como centros de día, talleres ocupacionales o pisos tutelados ya ha entrado en vigor. Son 2.862 personas las que van a tener que pagar, por orden de la Conselleria de Bienestar Social, entre 53 y 729 euros al mes en 14 mensualidades en función de su renta o patrimonio. La orden entraba en vigor el 1 de enero, aunque el primer cobro no se realizará hasta principios de febrero (se paga a mes vencido). Pero hay un aspecto desconocido del copago que está preocupando a los centros de discapacitados: serán ellos, y no la conselleria, los encargados de cobrar a sus usuarios.

Los propios centros serán los recaudadores del dinero que hayan de pagar los usuarios. Su papel de malos no acabará ahí. También serán, en última instancia, los responsables de reclamar la deuda contraída por los usuarios con discapacidad que no paguen. Porque, según recoge el decreto del Consell que introduce el copago, «la obligación de pago de dicha aportación individual se regirá por el derecho privado, sin que exista en ningún caso responsabilidad alguna de la Generalitat en los casos de demora o impago de la misma».

Es por ello que los centros están estudiando la posibilidad de no proceder al cobro del copago directamente y mantener las actuales condiciones hasta que se resuelva el «caos» administrativo generado por la conselleria, «por falta de la Orden de Ayudas, inexistente hasta hoy, que puede provocar el cierre de los centros dejando desprotegidos a miles de personas con discapacidad y provocando, al propio tiempo, una grave situación en el seno familiar de los afectados», aseguraron desde el Cermi. Por su parte, Mario Puerto, presidente de la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat apuntó que esta situación «enfrentará a los centros con los usuarios».