Profesores de la UJI promueven una protesta contra el nuevo Código Penal

El grupo de estudios de Política Criminal, integrado por juristas progresistas y del que forman parte profesores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, ha impulsado una acción conjunta en todas las universidades españolas para manifestar públicamente su rechazo a la reforma del Código Penal. Según informó ayer este grupo en un comunicado, bajo el lema «¡No hay derecho! Por un Código Penal de todos» han convocado un acto de protesta el día 4 de marzo de 2015 en todas las universidades.

En la UJI será a las 10 horas en la sala de grados de la Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas. En dicho acto se dará lectura a un manifiesto conjunto en el que se exponen las principales críticas sobre esta reforma que, según explican desde el grupo de estudios de Política Criminal, «da paso al Código Penal de corte más autoritario que ha existido en España desde 1995».

Manifiesto

En el manifiesto se explica que «el endurecimiento de las penas es populista y no deparará mayor seguridad. Especialmente la cadena perpetua, que es contraria a la idea de dignidad y ningún estudio avala su mayor eficacia».

«También resulta desproporcionada la reacción frente a la criminalidad de bagatela, al tiempo que se criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella», según consta en el manifiesto. «Un Estado democrático no puede asumir que el Derecho Penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos», añade.

Estos expertos critican «los múltiples y variados errores técnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto no sólo por expertos en la materia, sino también por las más altas instituciones llamadas a pronunciarse -desde el Consejo General Poder Judicial, al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal-, cuyas opiniones no han sido atendidas en la medida en que merecían serlo».

«El Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de grupos parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca», concluyen desde el departamento.