Un segundo banco se compromete a no desahuciar familias vulnerables en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha conseguido cerrar el segundo acuerdo de mandato con una entidad financiera que se compromete a no desahuciar a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. El banco incluye esta garantía en una operación de crédito suscrita con el consistorio.

El equipo de gobierno incluye cláusulas sociales en las bases de adjudicación de los préstamos que necesita para financiarse. En octubre de 2016, firmó un crédito de siete millones de euros con Caixabank que, entre otras condiciones, establecía el no desalojo de residentes vulnerables. La junta de gobierno local aprobó ayer un segundo crédito de nueve millones, en este caso con el Banco Sabadell, que contempla como criterio social la declaración de no desalojo de una vivienda habitual de personas en riesgo de exclusión.

En el expediente, el consistorio subraya que al objeto de luchar contra «las consecuencias indeseables de los desahucios de primeras viviendas por motivos económicos» se ha incluido en las bases de las operaciones crediticias «nuevos tipos de entidades financieras como cooperativas o entes de banca ética y la inclusión de criterios sociales y de responsabilidad corporativa para su selección en los servicios financieros que se ofertan».

Se trata de un primer paso para frenar los desahucios en hogares que se encuentran en desempleo o sin recursos económicos. En el otro lado no han funcionado las negociaciones mantenidas por el ayuntamiento para que los bancos cederían viviendas vacías para el alquiler social, una circunstancia que ha generado un enfrentamiento entre el PSPV y Compromís con sus socios del Pacte del Grau de Castelló en Moviment. El consistorio ha aprobado por ello una nueva bolsa de viviendas municipales para el alquiler social a fin de agilizar la cesión por parte de particulares de inmuebles sin uso.

Este programa está dirigido a propietarios de viviendas vacías y a familias o personas que no puedan acceder a un piso en condiciones de mercado. Según informó en su momento la vicealcaldesa y concejala de Vivienda, Ali Brancal, se podrán beneficiar de la bolsa aquellas personas o núcleos familiares cuyos ingresos anuales sean inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), lo que tomando como referencia el índice de este año supone unos 6.400 euros.

Asimismo, el inmueble ha de cumplir unos requisitos básicos, como que sea a vivienda libre y con una superficie mínima de 60 metros cuadrados útiles, sin incluir garajes ni trasteros.

El arrendador obtendrá a cambio una renta mensual limitada a un máximo de cuatro euros por cada metro cuadrado útil, sin que pueda exceder de 400 euros.

De esta forma, el ayuntamiento intenta suplir la falta de viviendas de titularidad municipal disponibles. Los trabajos de rehabilitación llevan su tiempo; en dos años se han acondicionado ocho pisos municipales.