El que fuera más de 20 años secretario interventor del Ayuntamiento de Navajas y que actualmente ejerce como secretario de La Freila (Granada), Antonio Paredes, se ha visto obligado a devolver al Ayuntamiento de Navajas 14.570,29 euros por las transferencias que efectuó desde la cuenta del consistorio navajero a su cuenta personal, sin ninguna justificación, para proceder al archivo de las actuaciones que interpuso el consistorio en el Tribunal de Cuentas. El ex secretario habría aceptado la resolución ordenada por el TC que ordenó en el procedimiento de reintegro por alcance la devolución con los intereses. El dinero, confirmaron del ayuntamiento, ha sido ingresado en la cuenta del TC, por lo que esperan recibirlo «en breve».

Y es que, después de que la Fiscalía archivase el pasado julio la denuncia interpuesta en febrero de 2017 por el actual equipo de gobierno contra el ex secretario al comprobar que éste habría realizado de manera asidua varias transferencias «de pagos adelantados de su propia nómina que luego no se los descontaba a final de mes; habría cobrado, dietas y desplazamientos irreales y llevado a cabo cobros irregulares», ha sido ahora el TC el que sí que ha detectado alcances irregulares en algunos puntos, como en el de los adelantos de la nómina. Tal como confirmó ayer la concejala de Hacienda, María Domínguez, «ahora será la Fiscalía la que estudie el caso por lo penal». Un caso en el que el ayuntamiento solicitará personarse para ampliar la denuncia y presentar más documentación que, a su entender, «podrían suponer la ejecución de varios delitos por malversación, falsedad en documento público, estafa y usurpación de funciones públicas».

Desde el equipo de gobierno de Alternativa por Navajas (APN) explicaron ayer que «evidentemente queremos que además de reintegrarnos el dinero se juzgue el delito, tanto en este caso, como en otros que hemos detectado que atañen personalmente a este funcionario».

Irregularidades desde el 2013

APN confirmó sus sospechas de la situación en septiembre de 2016 al comprobar las cuentas municipales después del traslado de Paredes a Granada y ante continuas negaciones del mismo para facilitar la documentación que le requerían. Aquí comprobaron que, al menos desde el 2013, el ex secretario habría cometido estas supuestas irregularidades, sin la autorización y con el desconocimiento absoluto del equipo de gobierno y en particular de la concejal de Hacienda y de la alcaldía que, por ley, deben firmar los pagos junto al secretario, por lo que interpusieron la pertinente denuncia ante Fiscalía. El órgano fiscalizador archivó la denuncia en julio de 2017.

Sin embargo, el consistorio no desistió en su «necesidad de esclarecer los hechos y llegar hasta el final», por lo que presentó la documentación directamente al TC que enjuició el caso.

Además, el actual equipo de gobierno habría solicitado a los bancos el extracto de años anteriores para comprobar si las trasferencias llevaban ejecutándose antes de 2013, aunque, apuntaba ayer la concejala «de eso todavía estamos a la espera».Por otro lado, el equipo de gobierno tiene previsto añadir en la acusación un presunto delito de usurpación de funciones públicas después de que Paredes llevase a cabo la tramitación de un expediente «sin el conocimiento, ni autorización, ni la firma de la alcaldesa Patricia Plantado, aunque encabezado con su nombre». Este expediente fue tramitado para el cobro de una indemnización «por un supuesto robo de la moto de su hijo».

El ayuntamiento tiene formuladas otras denuncias ante el Tribunal por hechos similares que están en investigación.