En las poblaciones de Callosa del Segura (La Vega Baja) y La Vall d'Uixó (Plana Baixa) ya no hay cruces de los caídos. Sus respectivos gobiernos locales, en ambos casos presididos por regidores socialistas, han optado por aplicar la Ley de la memoria histórica y retira de la escena pública ese vestigio de la represión franquista.
El proceso de desmantelamiento de las cruces ha sido vivido de manera muy distinta en cada una de las ciudades, derivado especialmente por el opuesto subtrato socio-político, conservador y claramente religioso, en la caso de la localidad del sur de la provincia de Alicante, y más obrerista, debido a la hegemonía política del PCE tras la transición e influencia de ya extinta macrofábrica de Imepiel, en el caso de la Vall d'Uixó.
El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castelló, invitó ayer con motivo de la celebración de sus XVI jornadas, al alcalde de Callosa de Segura, el socialista Francisco Macià, al teniente alcalde de La Vall, Antoni Lorente, para que relataron por qué y cómo evolucionó el proceso para la retirada de sus respectivas cruces de los caídos.
El regidor de la localidad alicantina señaló que su equipo de gobierno inició el expediente de retirada de la cruz, «siempre asegurando de la seguridad jurídica del trámite, pero quizás desde una óptica romántica y quizás ingenua» ante la oposición que la iniciativa iba a despertar entre los arraigados estamentos conservadores y religiosos de la población. El primer edil reseñó como el trámite del expediente le costó al renuncia de un concejal y hasta incluso como tuvo que recurrir a una empresa de fuera del municipio (en concreto de Albacete) por presiones del lobby religioso y conservador de la ciudad. «Nos presentaron tres contenciosos y los tres los hemos ganado», dijo.
Mientras, el edil de la Vall d'Uixó señaló que en esta población la presión de la iglesia a la retirada de la cruz fue menor, y sólo contó con el rechazó explícito del Grupo Popular.
