El titular del juzgado de instrucción número 1 de Gandia ha ordenado seguir adelante con la instrucción de la querella presentada por el concejal de OIV-Coalició Valenciana de Piles, Pedro Román, contra el exalcalde socialista, Vicent Ciscar, y el secretario de la Corporación, Gustavo Gass. A ambos se les acusa de un delito de falsedad documental por haber firmado un convenio con la Diputación de Valencia para financiar una obra que ya estaba ejecutada.

El juez mantiene así la imputación y rechaza archivar la causa, como habían pedido los afectados, al tiempo que solicita a la Fiscalía, a la acusación y a la defensa que presenten los documentos o soliciten los testimonios oportunos. El proceso está pendiente de fijar la fecha del jucio oral. Los dos acusados presentaron un escrito en el que responsabilizan a la Diputación de Valencia del convenio objeto de la querella por falsedad.

Según Ciscar y Gass, el ente provincial, entonces presidido por el alcalde de Vallada, Fernando Giner, "era perfectamente conocedor" de que la obra que se pretendía financiar con el convenio "no sólo había sido adjudicada, sino ejecutada". La obra es la ronda y el puente de la urbanización Piles Poble, que costó 632.000 euros y que fue ejecutada entre los años 2003 y 2004 a costa de los propietarios de la urbanización. Sin embargo, una sentencia de 2006 dio la razón a los titulares de las parcelas, consideró que esa actuación debía ser financiada por la Administración y obligó al consistorio a devolver el dinero. Fue entonces, ya en año 2007, cuando el ayuntamiento y la diputación firmaron el convenio para ejecutar las obras y pagar 202.000 y 430.000 euros, respectivamente.

Al tener acceso a la documentación, el concejal Pedro Román consideró "ilegal" ese acuerdo y recurrió a la justicia, que ha detectado un presunto delito de falsedad porque el ayuntamiento pilero ocultó a la diputación que la obra objeto del convenio.

Ciscar y Gass, en cambio, han tratado de responsabilizar de aquellos hechos a la diputación, e incluso citan que Fernando Giner, habitual veraneante de la playa de Piles, "conoce dicho pueblo a la perfección" y sabía que el proyecto de puente y ronda que habían sido ejecutados, eran objeto del convenio.

La causa judicial iniciada por Román lleva cinco años en los tribunales. Tras la toma de declaraciones a los imputados y a testigos, entre ellos a Giner, todo apuntaba a la fijación de la fecha para el jucio, en las próximas semanas.