El Ayuntamiento de Torrent concedió en 2006 un empleo en el Consell Agrari Local al marido de una de las fallecidas como consecuencia del accidente de metro del 3 de julio, para que pudiera atender a sus dos hijos menores, ya que hasta la fecha tenía el puesto de trabajo fuera de la provincia. Así se recoge en el informe técnico que ha elaborado el funcionario que fue nombrado entonces comisionado para coordinar todas las prestaciones a las víctimas y que hoy servirá de base para el doble pleno extraordinario que se celebra en el consistorio sobre el accidente de metro.
De hecho, el gobierno local que entonces lideraba el socialista José Bresó puso en marcha decenas de medidas para ayudar a las familias, que quedaron registradas en los correspondientes informes municipales. Y en el caso del empleo que se dio al marido de una víctima «se realizó con la conformidad de todos los grupos integrados en la corporación». Fuentes del ejecutivo de la época explican que se consensuó en una junta de portavoces, como también se debatieron otras medidas para los afectados.
Algunas de las víctimas revelaron recientemente que tras el accidente, el actual presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, visitó a las familias y presuntamente ofreció empleos a cambio de que no interpusieran denuncias por el siniestro. En aquellas visitas le acompañaba el edil popular Santiago Miquel, entonces en la oposición, quien ha negado que en su presencia se realizaran aquellas propuestas. Desde el gobierno local de la época se ha explicado que «la diferencia» entre el caso del Consell Agrari y las supuestas ofertas de Cotino es que «en Torrent se hizo de manera abierta, consensuada con todos los grupos, registrada en los expedientes y sin pedir nada a cambio».
El informe municipal recoge que la primera medida fue crear un equipo multidisciplinar con asistentes sociales, psicólogos, abogados y otros funcionarios. El objetivo era realizar «labores asistenciales» dentro de las competencias municipales. Además de la asistencia social y psicológica, se colaboró en la tramitación de reclamaciones a los seguros, obtención de certificados de defunción y redacción de modelos para indemnizaciones, entre otros.
El consistorio hubo de mediar con embajadas para la repatriación de dos de los cadáveres, que eran extranjeros. E incluso el informe municipal recoge que se medió con Bancaixa para la refinanciación de un préstamo a una de las víctimas o se subvencionó una cama articulada a otra. Las medidas se aplicaron a todas las víctimas que lo pidieron, no sólo a los 21 fallecidos de Torrent.
