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La policía eleva ya a más de 6 millones la presunta estafa de Alzicapital con 657 afectados

La juez se inhibe de la causa para que resuelva la Audiencia Nacional por los perjudicados en toda España

La investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia contabiliza ya 657 afectados por el caso Alzicapital y eleva a más de seis millones de euros la presunta estafa, según se desprende del auto dictado por la titular del juzgado de instrucción número 6 de Alzira para inhibirse en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción ya que los perjudicados se localizan por diferentes provincias del territorio nacional.

Ésta es la segunda vez que la magistrada se inhibe para que el caso Alzicapital recale en la Audiencia Nacional, si bien la anterior fue desestimada al considerar que el número de afectados no justificaba esta medida.

En aquel momento, según las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, eran 130 los afectados personados en la causa y el importe que reclamaban ascendía a 1,8 millones. La investigación ha elevado de forma considerable tanto el número de perjudicados como el importe defraudado y la juez considera que al tratarse de un caso de presunta estafa "que afecta a una generalidad de personas, las cuales se encuentran en el territorio de varias audiencias, procede acordar la inhibición de las presentes diligencias previas en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción". El auto de inhibición cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal mientras que la acusación particular se opone.

El auto resume el caso Alzicapital recordando que Alberto Castillo, que acaba de cumplir dos años en prisión, era administrador único de las empresas Alzicapital, SL, Alziapuestas, SL, Green Future Energy Capital, SL, y Alzira Gestores de Capital, SL, y que "sirviéndose de dichas mercantiles y de las marcas Alzibet, Alziloto, Qumicap y Alzipoker, sin constar inscrito o autorizado por los organismos competentes", recibió fondos de inversores particulares entre los años 2007 y mediados de 2011 firmando contratos de préstamo mutuo que garantizaban la devolución del capital entregado "y el pago de elevados intereses, dedicándose a invertir dicho dinero a través de internet".

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