Benissa ordena el desahucio de una familia de su casa centenaria para ensanchar una calle

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Una casa es mucho más que cuatro paredes. María Francisca Arlandis, de 60 años, nació en la misma casa de Benissa en la que ahora vive con su hija y su madre de 87 años. La vivienda, situada en la esquina de la avenida del País Valencià y la calle Calp, se construyó, según su ficha catastral, hace 113 años. Ahora esta familia se ve en la calle. El ayuntamiento quiere expropiar la casa para tirarla y ensanchar la calle Calp. El gobierno local, del PP, aprobó el pasado mes de abril el proyecto de expropiación forzosa (ha tasado la casa, que tiene 175 m2 construidos, en 115.761 euros). Y el pasado 16 de octubre ordenó a la familia el desalojo. Ese trámite de echar a los propietarios de su vivienda de toda la vida se conoce como "desahucio por la vía administrativa". El gobierno local también ha solicitado al juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante autorización para desalojar a la familia en los días 28 y 29 de este mes. La piqueta ya toca a la puerta.

María Francisca Arlandis admite que el expediente para ampliar la calle Calp, que da a la avenida del País Valencià (la actual travesía urbana de la N-332), se inició en octubre de 2006. No le pilla de sorpresa. Pero no entiende por qué, para ganarle unos metros al vial, el ayuntamiento ha dado luz verde a un PAI que supone demoler tres casas que sí están en ruinas y deshabitadas desde hace 50 años y la suya, que su familia alquiló en 1920 y, finalmente, compró en 1940. Ese plan urbanístico dejaría una parcela de 151 m2 que esta familia incluso ha planteado adquirir para levantar una nueva vivienda. El ayuntamiento, sin embargo, la quiere para una promoción de VPO. Arlandis recordó que, en una reunión en 2009 con el alcalde, Juan Bautista Roselló, se redactó un borrador de convenio que plasmaba que esta familia se quedaría la finca que quedaba tras ensanchar la calle. Pero del convenio ya nunca más se supo. "Al menos quiero seguir viviendo donde nací, aunque no sea en la misma casa", insistió ayer esta mujer.

Esta familia advierte de que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, además, el PGOU de 2003 de Benissa, que es el instrumento que marca las alineaciones de la ampliación de la calle Calp, está anulado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el gobierno local se agarra a que el anterior Plan General de 1982, que es el que ahora está en vigor, también contemplaba ampliar este vial.

"No queremos irnos de aquí y, si es necesario, llegaremos hasta Estrasburgo (al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)", avanza la propietaria, que lamenta que el ayuntamiento les aboque a una situación de "total indefensión".