Gandia plantea a los negocios del centro cobrar una tasa para revitalizar el comercio

El Ayuntamiento de Gandia quiere dar un nuevo paso en su política de fomento del comercio urbano, un sector que siempre ha sido capital en la economía de la ciudad, y considera fundamental superar la fase que, hace cerca de 20 años, permitió crear aquello que hoy se conoce como Centre Històric Comercial.

Aquella fórmula, al estilo de cooperativa, permitió financiar actividades y promocionar el comercio con aportaciones de los propietarios que, voluntariamente, se inscribieron, además de la financiación que corría a cargo del ayuntamiento de la ciudad.

Para el futuro, en cambio, lo que se busca es la «aportación obligatoria», es decir, que todos los comercios y actividades que estén dadas de alta como negocio, paguen una especie de tasa que, además de promocionar la zona, financiaría mejoras en mantenimiento, limpieza o seguridad.

La fórmula se denomina Bussines Improvement District (BID), porque nació en Canadá y se extendió por Estados Unidos y varios países de Europa, donde, según señalaron ayer responsables municipales, la experiencia ha sido muy positiva. En castellano el BID se ha venido a traducir como Zona Comercial Preferente.

Consciente del recelo que siempre genera tocar el bolsillo de los ciudadanos o los empresarios, el Ayuntamiento de Gandia anunció ayer un «experimento» que, en realidad, consiste en realizar un de sondeo entre quienes, si el proyecto llega a materializarse, tendrían que pagar la nueva tasa.

El encuentro ha sido convocado para el martes próximo, a partir de las 13.30 horas, en la Casa de la Marquesa.

Necesita permiso del Gobierno

Ni Gandia ni Barcelona, las dos ciudades que están al frente del sistema de financiación «para todos» en lo que serían Zonas Comerciales Preferentes, pueden llevarlo a cabo si antes no se implica el Gobierno de España.

Para obligar a que comercios y todo tipo de negocios aporten una tasa o canon para mantener áreas urbanas comerciales y fomentar la llegada de clientes, el mensaje tiene que llegar a Madrid y modificar la ley.

El Gobierno tendría que autorizar a los ayuntamientos a poder cobrar ese nuevo impuesto, pero de momento no ha habido movimientos sobre esa modificación legislativa.