Francesc Arabí, Valencia

La rama valenciana de la trama de presunta corrupción montada por el empresario Francisco Correa parece que era el tronco. Eso se desprende del auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón en el que, tras interrogar a 37 imputados y visto el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, decide inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, a quien compete investigar a los aforados. El juez implica a dos diputados autonómicos y no son menores: la cabeza del Consell, Francisco Camps, y la del partido, Ricardo Costa. En el escrito de 37 páginas, Garzón no pone a estos políticos la etiqueta del delito que se corresponde con su presunta actuación: recibir regalos en especie, concretamente trajes a medida y otros artículos de vestir por 12.783 y 7.325 euros, adquiridos en dos tiendas de lujo de Madrid, pero pagados por empresas que, como Orange Market, han sido contratistas del PP y de la Generalitat. Sólo de esta última han recibido al menos 6 millones de euros en adjudicaciones.

A los otros dos implicados -el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de Turismo, Rafael Betoret- el juez sí puede imputarlos directamente. Y lo hace. Les atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por comportamientos similares a los que relata de Camps y Costa. Esto es, aceptar que los trajes, por 14.800 euros en ese caso, los pagaran firmas de la trama corrupta como la citada o Diseño Asimétrico y Servimadrid, consideradas la espina dorsal del cruce de facturación falsa.

Se facturaban «metros de tela»

Los justicantes de todos los pagos se amañaban al dictado de Pablo Crespo -el que desarrollaba en la trama la «estrategia de ocultación de fondos»- o del propio Álvaro Pérez. Camuflaban en la factura los nombres de los beneficiarios del pedido y en su lugar aparecían empresas de Correa. ¿Por qué concepto se emitían los recibos? Se incluía como producto vendido «metros de tela, seda natural, seda roja, batista suiza azul, Oxford algodón, etc». Materiales, que, por cierto, no venden las tiendas en cuestión.

La presunta implicación de los cuatro políticos valencianos se ha descubierto básicamente por las declaraciones del sastre, José Tomás, por la documentación aportada por una de las tiendas y por apuntes contables en la caja B de «la organización» -que es como Garzón nombra el tinglado de 23 empresas- desvelada por Isabel Jordán, que fue apoderada de Easy Concept y en unas grabaciones aludía a una factura de 30.000 euros en trajes relacionada con Camps.

Las palabras de Tomás, las anotaciones en «hojas de Excell» sobre el dinero negro y un lápiz de memoria incautado al contable acabaron de completar el relato judicial que sostiene la acusación de que el presidente Camps lleva la sospecha encima, pegada a la piel. El relato del auto destroza la palabra de honor que el pasado día 19 de febrero empeñó Camps cuando salió a proclamar con toda solemnidad que desmentía «de plano» cualquier participación en esta maraña de intereses abonados en el lado oscuro de la ley comprando a políticos y funcionarios con «dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de plasma u otros objetos». El auto sí avala la palabra de Camps cuando dijo que había devuleto un pedido de cuatro trajes, pese a que ya le habrían hecho los arreglos.

Clientes muy fieles

Igual que Álvaro Alonso «se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa», el secretario general del PP y el jefe del Consell iban a Madrid con El Bigotes porque allí estaba el sastre de confianza de éste. Tan de confianza era que cuando Tomás se trasladó de Milano -de donde fue despedido- a Forever Young, los clientes VIP también se mudaron.

El presidente acudió a la boutisituada en el número 29 de la comercial Calle Serrano de Madrid de la mano de Álvaro Pérez. A Camps le «tomaron las medidas de patronaje» y se le hizo la «ficha para la empresa confeccionadora». El primer gasto como cliente fue de 4.700 euros en dos facturas: una de 3.300 y otra de 1.400. La segunda la abonó Orange Market mediante cheque bancario. El pago de la primera no se ha podido acreditar de momento en la investigación, según el juez. La ropa se la llevó el 24 y el 26 de enero de 2006.

Por aquellas fechas, se celebró el primer Fitur en el que Orange Market debutó como contratista y desde ese día se ha llevado todos las adjudicaciones. Casi todas rozan los 1,1 millones de euros, menos la última que, con la crisis, ha bajado a 915.820.

«Entradas y salidas de milan»

A lo largo de 2008, Camps recibió ropa de Forever Young por 8.083 euros, que fueron abonados, según el auto, por las antes citadas Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, además de la propia Orange mediante cheque o transferencia bancaria. Entre la ropa confeccionada para el presidente el año pasado se incluía un «smoking confeccionado para ir a Nueva York» y un chaleco blanco que lució en una recepción del Papa en el Vaticano. La caja B de Easy Concept, la firma que realmente montaba el pabellón valenciano de Fitur según Isabel Jordán, recogía un apunte de 63.000 euros bajo el epígrafe «entradas y salidas de milan» (sic). En esa cantidad estarían incluidos los 35.000 euros de los trajes para políticos valencianos.

La atención era tan personal que, siempre según el escrito judicial, en el caso de Ricardo Costa el modisto le tomó las medidas «en su despacho de la sede del PP», según contó el propio sastre. El mismo 26 de enero de 2006 en el que se hizo el pedido de Camps, se añadió uno de «tres trajes» para Ricardo Costa. Este pago lo hizo Orange Market en una cuenta de Milano en Barclays Bank. En Forever Young, Costa también tendría un pedido a su nombre con fecha del 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones en las que el PP revalidó su éxito absoluto.

El pesebre, en Valencia y Madrid

La campaña la organizó, como todas desde 1996, la red de Correa. Primero era Special Events y después fue Orange Market, creada en Algemesí el 24 de julio de 2004. Montar esta firma fue la adaptación de la trama a las nuevas circunstancias de la derrota de Aznar. El pesebre se redujo a Madrid y Valencia. Y se metieron de cabeza.

El paquete de prendas para el secretario general fue abonado por las mismas sociedades de la trama que sufragaron supuestamente el fondo de armario de Camps. Y los rastros fueron borrados de las facturas también con el mismo «modus operandi» que en el caso del presidente: fingiendo que se estaban pagando metros de tela de todos los colores y texturas y escondiendo los importes en partidas más amplias. El ex vicepresidente del Consell y ex titular de Justicia, Victor Campos, anunció su retirada de la política en abril de 2007. Un año antes, en enero de 2006, también se vistió con trajes, americanas y pantalones manufacturados por José Tomás. Mucha confianza debían de tenerse, porque el sastre le tomó las medidas «en su despacho de la Generalitat». Como secretario general provincial del PP, Campos impuso tres años antes a Carlos Fabra la elección de Special Events para organizarle el congreso provincial de Peñíscola, como contó este diario cuando saltó el escándalo Gürtel. Campos está hoy en el consejo de Aguas de Valencia, desde el 8 de mayo de 2008, y en el de la constructora Romymar.

Otro cliente con mano en la Administración que acudía a menudo a las tiendas de Madrid es Rafael Betoret, actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia. Concuñado de Carlos Fabra, el dandy Betoret habría adquirido ropa por casi 10.000 euros. Era de los fijos cada año en esa fiesta sin par que es Fitur. Fuentes de la Generalitat indicaron a este diario que como jefe de gabinete de la entonces consellera Milagrosa Martínez, supervisaba el montaje del pabellón valenciano. Allí se encontraba con Isabel Jordán, de Easy Concept. A Betoret le tomaron las medidas en el Mesón 5 Jotas de Valencia. La cocina y la moda son dos maneras distintas de rendir tributo a los sentidos.

El sastre declaró que

Camps dijo: «Álvaro es un bocazas»

El lunes 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón acelerara la operación Gürtel ante el riesgo de fuga de los cabecillas, el sastre José Tomás acudió a declarar «en sede policial». Durante su testimonio recibió «varias llamadas a su teléfono móvil procedentes del Sr. Camps que no atendió». Según cuenta el auto judicial, en el transcurso del interrogatorio, Tomás explicó que había hablado con el jefe del Consell y que éste le había transmitido que «Álvaro era un bocazas». Las llamadas fueron registradas porque el teléfono de Tomás estaba intervenido por el juez. Por eso es más que posible que se hayan grabado conversaciones del sastre con interlocutores.