26 de septiembre de 2009
26.09.2009

El TSJ impide en Lliria que la firma de los Cotino edifique más de 2.000 chalés

El tribunal dicta un auto firme declarando que la adjudicación directa del PAI al grupo formado por Sedesa y Bancaixa no se ajusta a derecho

26.09.2009 | 04:08
Inicio de las obras en el Coto Catalá que actualmente están paralizadas por orden judicial .

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado finalmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Lliria y la mercantil Residencial La Maimona, de la que forman parte Bancaixa Habitat y Sedesa, la empresa de la familia Cotino, contra la ejecución provisional de la sentencia que obligó a la citada mercantil a paralizar las obras de urbanización del proyecto que preve la construcción de más de 2.000 viviendas de lujo y un campo de golf en Lliria.
Un auto de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestima los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat-alineada con las promotoras-la Residencial La Maimona y el Ayuntamiento de Lliria en los que pedían la no ejecución de la sentencia del TSJCV 325/9, de 9 de marzo de 2009 que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lliria de 19 de enero de 2006 por el que se aprobó y adjudicó por gestión indirecta del Coto Catalá a la sociedad formada por Sedesa y Bancaixa Habitat (Residencial La Maimona).
La resolución es ahora firme y no cabe recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
El recurso que provocó la sentencia fue presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico "Tos Pelat", formada por propietarios de viviendas - "ilegales", según el Ayuntamiento de Lliria- existentes en la zona y por el grupo ecologista Centro de Acuicultura Experimental (CAE).
La citada sentencia no entra a discernir sobre la legalidad de la reclasificación que permitió convertir en "urbanizable residencial" unos terrenos que eran de "protección forestal" ni el resto de presuntas irregularidades denunciadas, pero sí aplica la doctrina del Tribunal Supremo fijada por sentencia de 6 de junio de 2007 y otras por la que establece que resulta de aplicación a la figura de Agente Urbanizador prevista en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) bajo la que se tramitó el desarrollo urbanístico del Coto Catalá, la normativa estatal y la europea sobre Contratos Públicos.
La actuación urbanística afecta a 2.207.204 metros cuadrados para construir 2.207 viviendas, club social y un campo de golf de 18 hoyos con una superficie próxima los 600.000 metros cuadrados.

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