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Dice la sabiduría popular que los problemas tienden a acumularse. José Luis Ulibarri, que en 2005, cuando se repartió el sabroso pastel de las TDT, estaba en la cresta de la ola, se ve en la actualidad imputado en el caso Gürtel (se le acusa de pagar una comisión en Boadilla del Monte) y observa cómo la red de canales locales que recibió en la Comunitat Valenciana -operan con la marca Tele 7- camina peligrosamente hacia el abismo. Los estudios centrales fueron objeto de desahucio el pasado martes por impago del alquiler, como publicó Levante-EMV. Y durante la mayor parte del día de ayer, la emisión de Tele 7 para Valencia estuvo en negro. ¿El problema? Los propietarios del inmueble cortaban la conexión eléctrica a las 19.01 horas del jueves a unos equipos que el canal necesita para emitir al vencer el plazo que habían dado para pagar una parte de la deuda de la factura de luz.

Una portavoz de Tele 7 explicó ayer a este diario que había existido un problema en "el traslado de unos equipos de continuidad" pero esperaban solucionarlos ayer mismo. En efecto, el canal abandonó el negro y retomó las emisiones durante la tarde, aunque con una ínfima calidad de imagen.

Mientras tanto, fuentes de la portavocía del Consell aseguraban que no tenían notificación administrativa oficial de ninguna de estas circunstancias y que, hasta entonces, no podían hacer nada.

La firma que está detrás de Tele 7 es Mediamed Comunicación Digital, creada en 2005 y de la que ha sido presidente Ulibarri hasta hace unas semanas, cuando colocó su participación al principal accionista, el valenciano (constructor, como el emprendedor leonés) Andrés Selma. En la actualidad, figura en el Registro Mercantil como apoderado.

Mediamed no recibió ninguna licencia directa de TDT cuando el 30 de diciembre de 2005 el entonces portavoz del Consell Esteban González Pons anunció el reparto. Pero estaba detrás de seis empresas locales que sí resultaron beneficiarias y que en total sumaban 13 canales en las 14 demarcaciones en que se dividió el mapa valenciano.

Las firman eran Comunicación Audiovisual Editores (con licencias en Alicante, Elx y Orihuela-Torrevieja), Telecomarca (en Valencia y Ontinyent-Xàtiva), Mediterránea Informativa Televisión (Gandia), Comercial Alyma (Sagunt), TV Castellón Retransmisiones (Castelló, Morella y Vinaròs) y 43 TV (Alcoi, Elda y Benidorm).

Algunas de estas empresas ya regentaban televisiones locales y con el tiempo se ha sabido cómo el probo empresario Ulibarri (cercano a dirigentes del PP estatal) se hizo con el control de estas sociedades. Unos días después de la concesión controlaba ya el 51% de cinco de ellas y el 33% de TV CS Retransmisiones.

Hace unos meses el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, desvelaba a este rotativo algunos secretos. Ulibarri, dijo, "ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí [É] Iba diciendo que que ya lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas".

También ha salido a la luz que el despacho Eius Abogados -del que el ex ministro José María Michavila era colaborador externo- cobró al menos 150.000 euros de Mediamed por asesoramiento durante la adjudicación de las TDT.

Tanto Pons como Mediamed han defendido, sin embargo, la limpieza del concurso. Michavila, por su parte, ha negado tener algún contacto con Ulibarri.

Además de los problemas en Valencia, Mediamed vendió la empresa de Gandia a un "grupo inversor" próximo al líder del PP local, Arturo Torró. En Alicante y Xàtiva, por poner otros ejemplos, no tiene emisión local, aunque Alfonso Rus ha pagado por algunos reportajes en la feria. Y las Corts le mantiene un lucrativo convenio.