A la Sindicatura de Comptes se le ha agotado la paciencia y está decidida a iniciar un cruzada para acabar con la resistencia de algunos alcaldes e interventores a someterse a la fiscalización de las cuentas de sus corporaciones como marca la ley. Para ello incluirá en la Cuenta General de las Entidades Locales 2007, informe que saldrá en breve, varias medidas que resulten, por la vía punitiva, disuasorias de la insurrección.
El organismo fiscalizador, a cuyo frente está Rafael Vicente Queralt, pretende que los alcaldes e interventores que se nieguen a remitir la cuenta general o que la presenten cambiando y falseando datos tengan efectivamente una responsabilidad penal, como ocurre con cualquier consejo de administración de una empresa privada. De hecho, el artículo 502 del Código Penal establece castigos de "suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" a la "autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación". Pero ocurre que en la práctica este artículo no se aplica ya que jueces y fiscales son extremadamente restrictivos para dictaminar que ha habido una resistencia tenaz a colaborar.
Más denuncias a Fiscalía
Desposeída de la capacidad de imponer sanciones -razón básica por la que se torea más a esta institución que a la Agencia Tributaria-, la Sindicatura deberá recurrir a incrementar sus denuncias o pedir a la Fiscalía una mayor contundencia ante el permanente desacato de determinadas entidades locales que llevan seis años sin presentar la cuenta general.
Como ya avanzó Levante-EMV otra de las peticiones que estarán en el inminente informe de entidades locales será solicitar cambios legislativos para que los municipios y entidades locales (56 en estos momentos) que no se someten a la fiscalización sean privadas de ayudas y subvenciones, de igual modo que ninguna empresa o persona física puede optar a ayudas si no está previamente al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública o la Seguridad Social
Aunque se dejará para un futuro informe, en la Sindicatura se está barajando seriamente la posibilidad de incluir una petición de reforma legislativa para que los alcaldes que figuren en la lista negra de la institución no puedan presentarse como candidatos en las siguientes elecciones. Si un concejal con deudas pendientes con su ayuntamiento, que estén ya en la vía ejecutiva, tiene legalmente prohibido presentarse a las elecciones, carece de sentido que un alcalde que ha incumplido la ley por no remitir las cuentas al Síndic pueda optar a la reelección.
Sobre este punto, el síndico Antonio Mira-Perceval ofreció, en una conferencia reciente en Valencia sobre la necesidad de revisar el modelo de fiscalización de las entidades locales, esta reflexión: "No parece sensato que un interventor que incumple sistemáticamente su obligación de formar la cuenta general siga acumulando trienios y antigüedad a efectos de promoción, ni tampoco que un alcalde que incumple con su obligación de rendir cuentas pueda presentarse de nuevo a las elecciones solicitando el voto de unos ciudadanos a los que no les explica en qué se gasta el dinero que le confían".
