El Consell replica a los ingenieros que todos los funcionarios son iguales

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Los nueve colegios de ingenieros de la Comunitat Valenciana apuestan por una Generalitat en la que determinados puestos de perfil técnico sean cubiertos por personal especializado y debidamente capacitado. Y entienden por habilitación técnica estar colegiado como ingeniero del área de que se trate, cuestión que se expone en las distintas cartas de protesta contra la politización y desprofesionalización de la Administración autonómica, remitidas al presidente Francisco Camps.

En las misivas, de las que ayer dio cuenta este diario, prefieren evitar el debate de si los nombramientos han de ser a dedo o fruto de un proceso de selección. Desde el ámbito sindical y político, hay voces que comparten a grandes rasgos esa posición de exigir funcionarios especiales y no de la Administración General, pero abren mucho más el terreno de juego en la provisión de plazas y no lo reducen a los colegios profesionales. Por ejemplo, creen que una plaza de jefe de gestión forestal no necesariamente ha de ser cubierta por un ingeniero de montes, sino que estaría al alcance de, por poner un caso, un biólogo.

¿Y qué dice el Consell? Su portavoz, Paula de Sánchez de León, quiso ayer zanjar la polémica dejando claro que la costumbre del Ejecutivo de Camps no se verá alterada, digan lo que digan los ingenieros. Sánchez de León, que además es competente en materia de funcionarios como consellera de Administraciones Públicas, proclamó de forma categórica: "Los puestos de funcionarios se cubren por funcionarios y todos merecen el mismo respeto". "No hay categorías de funcionarios, no hay funcionarios mejores ni peores", agregó la portavoz tras el pleno del Gobierno autonómico.

La nueva ley está en el CJC

De esta forma avaló la práctica habitual de designar a funcionarios de administración general -habitualmente abogados o economistas- y no especial al frente de áreas competentes en estudios de carácter técnico. Es el caso de la sustitución de los jefes de servicio de gestión forestal o de espacios naturales para colocar, en la segunda de esas plazas, a la letrada Eugenia Vives, procedente de Bienestar Social. Precisamente las destituciones firmadas por el conseller Juan Cotino en Medio Ambiente colmaron el "vaso de la paciencia" de los ingenieros de montes, según le espetó por carta el decano de ese colegio, Eduardo Rojas, al presidente Camps.

El debate avivado por esos cambios llega justo cuando el proyecto de la nueva ley de función pública está en el Consejo Jurídico Consultivo. Después volverá al pleno del Consell y de ahí pasará a las Corts para su debate y aprobación. Desde la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT avanzaron que harán llegar a los partidos la propuesta de que presenten enmiendas parlamentarias para conseguir que las jefaturas de servicio sean cubiertas por concurso de méritos y no por el procedimiento de libre designación. Esto es, que no sean cargos políticos. De hecho, en la Administración central ese tipo de plazas son provistas por un proceso de selección, sistema que también se seguía en la etapa socialista.

"El Consell prefiere seguir como hasta ahora para que los informes se los hagan a medida", denunció ayer el dirigente de FSP-UGT Gonzalo Fernández. La formación técnica que, a su juicio, debería exigirse a un jefe de servicio debería regirse "por las pautas que marque el proceso de Bolonia", explicó Fernández. Este sindicalista lamentó que la responsable de función pública, Paula Sánchez de León, se negara a aprovechar la reforma legal para incluir la obligación de que los directores generales tengan que ser funcionarios, en línea con lo que sucede en la Administración estatal. Desde la vertiente sindical se llegó a flexibilizar la propuesta para que sólo se aplicara el requisito funcionarial a los directores generales de perfil más técnico. Fernández lamenta que ni así se aceptó.