Noventa y cuatro municipios de la Comunitat Valenciana han aprobado, o tienen en tramitación, planes generales municipales que prevén la construcción de 870.734 viviendas. De este total, 152.628 ya son definitivas y 718.106 aún provisionales. Esta apabullante cifra se desvela en un estudio elaborado por el catedrático del departamento de Geografía de la Universitat de València, Eugenio Burriel, y publicado en Documents d'anàlisi geogràfica, la revista científica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La cifra desvela una previsión inquietante. En sólo 94 municipios de las 542 poblaciones valencianas se proyectan más viviendas que las 713.214 que se construyeron entre 1996 y 2006 en la Comunitat Valenciana. Unos datos que "ponen en evidencia la desmesura de la oferta residencial pretendida. Las consecuencias de estos planes tan expansivos van a ser graves, incluso en el probable supuesto de que la actual crisis paralice o retrase mucho su ejecución", señala Burriel. Porque a las 870.734 que promueven sólo 94 municipios habría que añadir las que impulsan los 448 restantes. Las cifras que se pueden alcanzar marean. "¿Alguien ha hecho esta suma", se pregunta Burriel, ex conseller responsable de Urbanismo, quien lamenta en su artículo que "la política territorial autonómica no haya puesto límites efectivos a estos crecimientos sino que, además, los ha favorecido". Por ello, defiende que la oferta residencial no se puede seguir determinando exclusivamente por el planeamiento urbanístico municipal, sino dentro de unos límites establecidos en un marco urbanístico supramunicipal que es competencia autonómica ineludible".

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, cuyo documento definitivo está en información pública, intenta acotar estas propuestas desmesuradas. "Pero nadie se ha atrevido aún a advertir a todos estos municipios de la desmesura de su crecimiento ni a poner límite a los crecimientos que se han planificado en los últimos años", asegura el catedrático de geografía.

Oscurantismo en la estadística

El oscurantismo que existe en la estadística urbanística juega a favor de la desmesura. "Resulta imposible conocer el montante de las propuestas urbanísticas municipales para el conjunto de la Comunitat Valenciana. La opacidad estadística en relación con el planeamiento urbanístico es total: desde 1998 no se publica la relación de planes generales municipales aprobados ni su número anual, ni un resumen de sus parámetros básicos. Tampoco hay información autonómica de los conciertos previos". Para su análisis, Burriel tuvo que realizar una árdua tarea. A partir de las informaciones publicadas en Levante-EMV, el diario Información, la edición de El País en la Comunitat Valenciana y Mediterráneo de Castelló, ha confirmado en cada ayuntamiento (directamente o en la información que ofrecen en la web) las propuestas urbanísticas que impulsan para la próxima década.

De 87 poblaciones que tramitaba un nuevo plan general pudo obtener datos "completos y fiables de 52 municipios valencianos que plantean incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir 718.000 nuevas viviendas para dos millones de nuevos residentes lo que supone multiplicar por 3,1 las viviendas actuales, por 3,7 el suelo urbanizado y por 5,1 los residentes", concluye. (Ver la tabla que acompaña esta información). Burriel destaca que municipios "de más de 20.000 habitantes como Cullera, El Campello, Catarroja, Requena o Burriana están impulsando propuestas urbanísticas enormes que, como mínimo, duplicarían sus viviendas actuales, el suelo ocupado y triplicarían sus habitantes". Aunque "más exagerados" son los crecimientos urbanísticos propuestos por los municipios menores de 1.000 habitantes como Cabanes, Benisuera, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera o Xert que tramitan planes de dimensiones increíbles cuyos desarrollo multiplicaría viviendas, población o suelo por más de 25".

Pero nadie se atreve a encontrar un término medio entre la "desmesura de las pretensiones municipales" y la "pasividad autonómica" pese a que las consecuencias a medio y largo plazo son: "un enorme impacto ambiental y altísimo consumo de recursos escasos (suelo, agua, energía), fortísimo impacto sobre el paisaje, imposibilidad de aportar las infraestructuras y los servicios públicos necesarios para atender tal volumen residencial", señala el catedrático de Geografía.