Las entidades financieras, a diferencia de las empresas proveedoras de la Generalitat, tienen mecanismos para cobrarse el incumplimiento en los plazos de pago provocado por la asfixia financiera de la Administración Camps. Y ya los están aplicando. El último informe trimestral -referido al 30 de septiembre pasado- sobre la situación de los avales de la Generalitat, remitido por la Conselleria de Economía a las Corts, revela la modificación de doce operaciones de crédito suscritas con anterioridad por mercantiles públicas para elevar el interés aplicado a las operaciones y, sobre todo, el margen de penalización en el caso de demora en abonar las cuotas. Los cambios, que incluyen el aplazamiento de los préstamos hasta 20 años, afectan a las firmas Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa), Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) y Fundación Ciudad de las Artes Escénicas.

El mayor volumen corresponde a RTVV, con ocho préstamos modificados por 223,4 millones. Del total, el pago de 213,4 millones se alarga 20 años, con nuevos plazos de carencia de 3 años. Esto es, que el Consell no tendrá que abonar nada hasta 2013, y seguirá asumiendo las deudas de la RTVV de hoy hasta 2030. El informe de Economía detalla las diferentes operaciones: En siete de las ocho operaciones, que afectan al contrato de crédito en cuenta corriente (para realizar los pagos ordinarios) de 10 millones y seis préstamos que suman 158 millones, coinciden las nuevas condiciones: Tipo de Euríbor 12 meses, con un margen del 1,75%, y una penalización por demora del tipo vigente más el 4%. El último contrato, de 55,4 millones, se divide en dos tramos: Uno, de 45 millones, recoge las mismas exigencias que los anteriores, y el segundo, de 10 millones, amplía a dos años la devolución, el margen aplicado es del 1,10% y la penalización por demora, el tipo más un 2%.

Nuevas subidas tras unos meses

Al contrato de crédito en cuenta corriente de Cacsa, de 6 millones, se le aplica "el incremento del margen sobre el Euríbor, que queda fijado en el 2,75%". Al cierre de 2009, ya se cambió un crédito en cuenta corriente de 20 millones (también con el BBVA) en favor de Cacsa para elevar el diferencial al 1,65%.

Otro préstamo, de 65 millones a Ciegsa, se varió para fijar un margen sobre el Euríbor a 12 meses del 2%, mientras la penalización por demora se situó en el 4%. En cuanto a las dos operaciones restantes, una de 21,4 millones de la SPTCV y otra de 25,5 a la Fundación de las Artes Escénicas, se modifican las condiciones para fijar un diferencial del 0,63% y un nuevo tipo de interés de demora, del 2%. En el caso de la fundación, no se empezará a devolver hasta 2013, y luego se estará pagando hasta 2020.

El informe ya pone en evidencia estos problemas al revela que el pasado 20 de septiembre "resultó impagada" la cuota de amortización, por importe de 20,6 millones, y los intereses, otros 309.057 euros, pertenecientes a un préstamos de 82,5 millones en favor de RTVV. "El impagado quedó regularizado el 22 de septiembre", apunta el documento sin más. Sin embargo, la portavoz de Economía del PSPV en las Corts, Cristina Moreno, advirtió que no salió gratis. Según sus cálculos el retraso de dos días en pagar este préstamo por el Consell "nos costó a los ciudadanos 150.000 euros". "La mala gestión económica del Consell provoca que la bola de la deuda haya crecido tanto que ya ha pasado por encima de la poca credibilidad que le quedaba a Gerardo Camps [conseller de Economía] en esta materia, puesto que los impagos repetidos del Consell han provocado que las entidades financieras nos suban los intereses de demora", subrayó.

El riesgo acumulado por los avales del Consell a sus empresas suma 5.071 millones. Sin embargo, la deuda a largo y corto plazo de las SA públicas es mucho mayor. Para 2011 se elevará a la friolera de 10.368 millones. Con todo, la cifra avalada supone una reducción respecto al trimestre anterior (5.393 millones) pero esta bajada es consecuencia de la ya anunciada renuncia de Bancaja y CAM a garantías vinculadas a fondos de titulización de activos (una de las primeras medidas anticrisis del Consell) por 300 millones. La "incertidumbre" generada por las dudas de la Comisión Europea a este tipo de ayuda ha llevado, "por criterio de prudencia", a renunciar a estos avales, indica el informe.