El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, advirtió ayer que el sistema de verificación de acceso mediante huella es adecuado y "lo que tiene que hacer la Administración -la Conselleria de Justicia- es controlar" que se cumplen los horarios. El vicepresidente del Poder Judicial reclamó medidas disciplinarias contra los que engañan a la Administración y subrayó que "no tienen que pagar justos por pecadores".
El exconseller de Justicia insistió en que "para los que cometen el fraude existe el régimen disciplinario. Los ciudadanos tienen derecho que los que cobramos sueldos públicos cumplamos íntegramente nuestro contrato con la sociedad".
Las palabras de Fernando de Rosa coinciden con las de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, que recordó que "los horarios se han de cumplir" e instó a los empleados públicos a ser "conscientes de sus obligaciones".
Fernando de Rosa fue el impulsor del sistema de control de huella en su etapa de secretario autonómico de Justicia. De Rosa apuntó en aquel momento que los detectores de huella pondrían fin a la "leyenda negra de que, en general, los funcionaros no trabajan o lo hacen menos".
La Generalitat Valenciana invirtió en 2.005 un total de 87.208 euros en el sistema de control biométrico, pero tardó casi dos años en ponerlo en marcha por la resistencia de los funcionarios y los sindicatos. Un magistrado de lo contencioso administrativo de Valencia -como ayer recordó Fernando de Rosa- avaló en 2007 el sistema.
"Sonrojo y vergüenza"
El sindicato CC OO reconoció ayer que la conducta de los funcionarios que fichan y se van "causa sonrojo y vergüenza", pero incidió en que no debe generalizarse "la mala imagen. No se puede cuestionar a una plantilla de casi 1.500 funcionarios por las prácticas que realizan un número pequeño de ellos a la hora de fichar".
