Unos veinte activistas de Greenpeace realizaron ayer un asalto al interior del recinto de la central nuclear de Cofrentes donde realizaron una acción de protesta pintando la palabra "peligro nuclear " en una de las torres de refrigeración, de 125 metros de altura.
Los ecologistas accedieron al interior de la instalación cortando la doble valla con una sierra radial. Un vigilante armado que había acudido al dispararse la alarma fue herido leve en el abdomen por la radial y requirió varios puntos de sutura. Otros tres vigilantes sufrieron contusiones, según información suministrada por la delegada del Gobierno, Ana Botella.
Iberdrola, la empresa titular de la central nuclear, ya ha confirmado que presentará denuncia por estos hechos.
El asalto se inició a las 6.30 horas de madrugada cuando un grupo de activistas formado por unas cinco personas intentaba atraer la atención de los vigilantes de seguridad en un extremo del recinto simulando que pretendían saltar la valla mientras el grueso del equipo reventaba con una sierra radial el triple vallado existente en la central nuclear, uno de ellos electrificado, donde se encontraron con uno de los retenes de vigilancia.
En el forcejeo resultó herido en el abdomen uno de los vigilantes, con una herida leve de unos siete centímetros de longitud que requirió otras tantos puntos de sutura. Al parecer, la radial se encontraba ya apagada y la herida se produjo tras un movimiento brusco del asaltante.
El herido fue atendido por el servicio médico de la instalación que aconsejo su evacuación a un centro hospitalario.
La dirección de la central comunicó los hechos a la Delegación del Gobierno, al Ministerio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear y declaró la alerta de emergencia. Siguiendo el protocolo, la central informó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tomaron el control de la situación.
Para Greenpeace, tras esta "acción de protesta pacífica ha quedado demostrada la falta de seguridad de Cofrentes", por lo que pide el cierre de la central.
Seguridad
Según la delegada del Gobierno, Ana Botella, los pacifistas habrían entrado "con violencia en la central nuclear" tras romper "el vallado eléctrico de protección de este recinto".
Preguntada por un posible fallo en los servicios de seguridad de la central, Botella afirmó que las medidas adoptadas han sido "proporcionales a los hechos" y a las "circunstancias de estas personas, que van desarmadas y no tienen ningún tipo de pretensión agresiva".
Para Ana Botella, las medidas "son eficientes", aunque admitió que tras el episodio podría hacerse "un memorándum" para hacer mejoras, "si son necesarias", matizó.
La delegada del Gobierno manifestó que se decidió "no tener una actitud contundente de desalojo".
"Podría haberse utilizado un sistema de reducción fuerte pero, luego habría que valorar la proporcionalidad o desproporcionalidad de la reacción", comentó. "Viendo que salen con las identificaciones de Greenpeace", una represión "muy fuerte" podría "representar una situación no deseable", apuntó la delegada.
Una unidad de montaña de la Guardia Civil de Valencia se desplazó hasta la central nuclear, aunque no llegó a intervenir.
Detenciones
Siete horas después del asalto, los 15 activistas que se encontraban dentro del recinto fueron abandonando la instalación mientras eran detenidos y trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Requena. Según Greenpeace, un fotógrafo "independiente" fue detenido también por la mañana.
Estaba previsto que tras la declaración, los activistas pasaran a disposición judicial en el juzgado de guardia de Requena.
Greenpeace negó que hubiera utilizado la violencia durante la acción. "Si durante la acción tres trabajadores de la central han resultado heridos, tal y como afirma el CSN, en ningún momento se ha debido a ningún comportamiento violento de los activistas", aseguró un portavoz.
"El desvío de la atención hacia la incuestionable actitud pacifista de los activistas es una maniobra para evitar la cuestión clave: la falta de seguridad en las centrales nucleares y la necesidad urgente de establecer un calendario de cierre", afirmó Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España.
La organización ecologista insiste en que no se renueve el permiso de explotación de Cofrentes, que vence el próximo 19 de marzo, y se proceda a su cierre definitivo.
La seguridad fue elogiada por EEUU
Los cables cruzados entre la embajada norteamericana en España y su gobierno revelados por Wikileaks destacaban el elevado nivel de satisfacción de las autoridades de este país en relación a las centrales nucleares españolas y, más específicamente, sobre Cofrentes. En 2004, el Gobierno aprobó un plan de respuesta ante un eventual incidente nuclear al que asignó 1.682 guardias civiles. Según la embajada norteamericana, el CNI realizó un informe en 2006 en el que indicó que el golpe más devastador que los terroristas islámicos podrían asestar a España sería atacar una de las centrales nucleares. La aparente contradicción entre estas medidas y la "facilidad" de acceso ecologista se resume en una frase pronunciada extraoficialmente por un responsable de seguridad nuclear tras el asalto a Zorita en 2002. "En otros sitios, antes de preguntar se dispara".
