La diferencia entre los escritos de la Fiscalía y la acusación popular (PSPV) y el de la defensa no sólo está en la pena (el archivo frente a las multas y hasta la pena de cárcel), ni en si los trajes eran una inversión o pago por los contratos a la trama Gürtel, ni tan siquiera en si los pagó Camps o se los regalaron. No coinciden ni en el relato de las prendas y los complementos. El número de trajes varía (de diez, según el PSPV, a cuatro, en versión de Camps), pero, sobre todo, la divergencia se produce al abordar los complementos. Las únicas prendas, al margen de los trajes, que admite la defensa son unos zapatos y una «americana azul». El calzado lo compró, junto con el tercero de los trajes de Forever Young, en marzo de 2007, según el letrado Boix. Los estrenó «en un acto de precampaña electoral en Valencia», celebrado a finales de ese mes.

Al parecer, le salieron con defecto o el presidente se empleó con mucha energía porque, tras su primer uso, los tuvo que llevar a la tienda «al sufrir deterioro en dicho acto, recogiéndolos posteriormente». El par de zapatos fue «abonado» por Camps, según su letrado.

El último de los trajes lo compró Camps en Forever Young, antes del verano de 2008, según el relato de hechos que hace la defensa.

El jefe del Consell se personó en la tienda madrileña de la lujosa calle Serrano para recoger el traje que había encargado. Una vez allí se encariñó de una «americana de color azul que estaba rebajada en el precio». Pero Camps tuvo un contratiempo. «Como sólo llevaba el dinero necesario para pagar el referido traje, solicitó a su chófer y escolta, que son funcionarios públicos, si disponían de efectivo pa­ra pagar la americana, lo que efectivamente le entregó el escolta», cuenta el abogado defensor de Camps. El presidente pudo entonces acceder a la deseada prenda. «Entró en la tienda para abonar el traje y la americana», concluye el escrito. La versión de la Fiscalía y la acusación es que nunca los pagó.

El letrado Boix también recurre a la pericial que realizaron, a petición de las fiscales del caso, técnicos de la Agencia Tributaria.Según Boix, esa pericial «pone de manifiesto que (...) en modo alguno se puede acreditar lo que fundamentalmente pretenden las acusaciones». El perito propuesto por la defensa «coincide esencialmente con los inspectores».