12 de julio de 2011
12.07.2011
Audiencia preliminar caso Gürtel

El sastre: "Nadie duda de que Camps no se pagó los trajes"

José Tomás declara convencido de que el president será juzgado - El magistrado Flors tiene tres días para decidir si le abre juicio junto a Costa, Campos y Betoret

12.07.2011 | 16:01
El sastre José Tomás, a su llegada esta mañana a la sede del TSJ de la Comunitat Valenciana.

El sastre y exempleado de las tiendas madrileñas Milano y Forever Young José Tomás ha dicho hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "no ha pagado ni una peseta" de los prendas de vestir que adquirió en este último establecimiento, algo de lo que "ya nadie duda, ni siquiera el juez".

Tomás ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que hoy alberga la vista previa en la que se decidirá si Camps es juzgado por un delito de cohecho impropio, al haber recibido supuestamente regalos de la trama Gürtel.

"A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó, ni siquiera el juez lo hace", ha reiterado.

Tomás, quien asegura que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para demostrar "ciertas irregularidades" relacionadas con el caso, ha expresado su deseo de que "de una vez por todas se sepa la verdad de todo y que cada uno pague el precio que tiene que pagar".

"Se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo, y veremos si después no lo hace en otro", ha dicho en alusión a Camps.

Asimismo, ha señalado que el president ha manejado "muy bien los tiempos" mediante continuos recursos judiciales y ha conseguido "su objetivo", que en su opinión era que el juicio no coincidiera con las pasadas elecciones autonómicas, si bien cree que no podrá eludir sentarse en el banquillo.

"Aquí nadie engaña a nadie. Llevamos tres años con esto y de nada sirve hablar muy bien, hay que demostrarlo", ha dicho para considerar que, "en la vida, no se puede abusar de ser fulanito o menganito".

La sesión, que se celebra a puerta cerrada, está presidida por el magistrado José Flors, instructor de una causa en la que también están imputados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Según las investigaciones iniciadas por el juez Baltasar Garzón y continuadas por Flors, todos ellos adquirieron prendas de vestir en diferentes establecimientos de Madrid que posteriormente fueron supuestamente abonadas por la trama corrupta.

La audiencia, fijada para las 10.00 horas y a puerta cerrada, ha comenzado con la comparecencia de los peritos, a los que han seguido los seis testigos que deben asistir, la audición de las grabaciones propuestas y el informe de los abogados de cada una de las partes que se encuentran personadas en este procedimiento.


El magistrado tiene un plazo de tres días para pronunciarse sobre si es procedente abrir juicio oral en esta causa. En el caso de que su resolución sea favorable, no existe para las partes posibilidad de recurrir esta decisión. En el supuesto de que se acuerde sobreseimiento, sí que se puede presentar recurso ante la sala civil y penal del TSJCV.

En el supuesto de que se acuerde la apertura de juicio, el instructor debe dictar una resolución con los hechos justiciables y las pruebas a practicar que considere pertinentes y se inicia el proceso de elección del jurado y la designación de su presidente, que en este caso corresponde, según el turno de la sala, al magistrado Juan Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio. El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebra como mínimo un mes antes de la celebración de la vista.

La fecha de la celebración de la audiencia preliminar se acordó la pasada semana tras haber decidido el TSJCV que las dos causas derivadas de 'Gürtel' que han entrado en el alto tribunal valenciano: la de los 'trajes' y la presunta financiación irregular del PPCV, debían continuar de forma separada.

Seis testigos
En la audiencia comparecen como peritos, según acordó Flors, dos inspectores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y un censor jurado de cuentas y economista. Como testigos, declararán, por decisión del instructor, el sastre de Milano, José Tomás y dos personas más, solicitadas por el fiscal y PSPV, en relación con la posible manipulación de ficheros informáticos referidos a ventas de prendas de vestir.

Asimismo declararán, por decisión de la sala que aceptó un recurso en este sentido de Francisco Camps, su chófer, su escolta y Cándido Herrero, considerado uno de los presuntos 'cabecillas' de la trama Gürtel. En la parte documental, se procederá a la audición de archivos que había propuesto Víctor Campos, de conversaciones con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez.

La convocatoria de la audiencia preliminar es el paso siguiente a la recepción por parte del instructor de todos los escritos de conclusiones provisionales, según establece la Ley del Jurado. En este acto procesal, las acusaciones podrán modificar los términos de su petición de apertura de la vista pero, de acuerdo con la normativa, no se admitirán nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.

Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros para Camps, igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que solicita 35.000 euros para Víctor Campos. El PSPV eleva la petición, de acuerdo con su calificación provisional, hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.

Camps, por su parte, pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones ya que niega haber recibido ningún regalo y sostiene que pagó las prendas en metálico. Asimismo, Campos alegaba que las prendas de vestir las pagó a Álvaro Pérez para que a su vez las abonara en el establecimiento; Betoret argumentó que pagó el precio personalmente mientras que Ricardo Costa aducía la intrascendencia penal de los hechos investigados y destacaba que la relación con Orange Market y Pérez fue por razón de su cargo en el PPCV y no como diputado.

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